La Intervención General del Estado estudiará si UGT Asturias desvió ayudas públicas

Sede de UGT en Oviedo. / Mario Rojas.

La magistrada interrogará en calidad de testigos a Donaire e Hidalgo

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

La investigación judicial sobre el uso dado por UGT Asturias a las subvenciones a la formación se reactiva. La magistrada-juez Carmen Blanco acaba de acceder a una petición formulada por el fiscal del caso, Gabriel Bernal del Castillo. Éste considera que "de lo hasta ahora practicado resultan indicios racionales que apuntan a la existencia de un desvío o aplicación a fines distintos para los que fueron concedidos, de fondos procedentes de las subvenciones recibidas por las entidades UGT Asturias e Ifes", fundación perteneciente a la propia central, y especializada en la organización de los cursillos. Para clarificar el asunto, el representante del Ministerio Público propuso requerir a la Intervención General del Estado para que intervenga en la causa, en calidad de auxilio judicial, y emita un informe pericial detallando si "los beneficiarios y entidades colaboradoras cumplieron sus obligaciones en la gestión y aplicación de las mismas, la corrección de la justificación realizada y la realidad y regularidad de las aportaciones".

La propuesta ha sido inmediatamente aceptada por la magistrada instructora, que ha ordenado poner a disposición de la Inspección General del Estado toda la documentación recopilada por el juzgado.

Por otra parte Carmen Blanco acaba de responder también a las primeras diligencias de investigación solicitadas por la acusación popular, ejercida por Avall y el Observatorio Anticorrupción Ocan. Siete eran las pruebas que interesaba practicar, y de ellas la magistrada ha dado por buena una: en próximas fechas citará a declarar en calidad de testigos a José Luis Hidalgo y Eduardo Donaire Yánez. Su intervención busca poner luz al origen de Infastur, una sociedad creada por UGT Asturias en 1995. Hidalgo fue su primer gerente, y según declaró a los agentes de la guardia civil que le tomaron declaración, quien promovió su constitución fue el entonces secretario general de UGT Asturias, el propio Donaire, al objeto de que en Asturias sustituyera a la fundación estatal Ifes, con cuya gestión tenía desavenencias. Una vez superadas estas, la plantilla de Infastur se integró en Ifes, perdiendo su sentido, y creyendo el propio Hidalgo que había quedado extinguida. UGT Asturias sin embargo continuó utilizando a Infastur como intermediara en los cursos, a pesar de que formalmente hubo años en los que carecía de trabajadores. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que lideran la investigación consideran que el único sentido de Infastur sería hinchar artificialmente las tarifas de los cursos, para incrementar el beneficio que la organización sacaba de las subvenciones.

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