Javier Fernández busca «el mayor consenso posible» para aprobar antes del fin de legislatura la ley de Transparencia

Javier Fernández busca «el mayor consenso posible» para aprobar antes del fin de legislatura la ley de Transparencia
Hugo Álvarez

La transparencia, ha dicho, es un deber de las administraciones públicas

EUROPA PRESS

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha afirmado este martes que aspira a alcanzar «el mayor consenso posible» en el parlamento autonómico para «no agotar la legislatura sin que el Principado cuente con una adecuada Ley de Transparencia y Buen Gobierno».

Así lo ha afirmado este martes durante su intervención en el tercer encuentro entre el Tribunal de Cuentas y los consejos sociales de las universidades españolas, que se celebra en Oviedo. Allí, ha reconocido que en Asturias «vamos por el segundo intento» para acordar la regulación autonómica adecuada. En este sentido, ha señalado que el Gobierno tiene disposición «al diálogo y el consenso». «Si el objetivo es tan relevante, si de verdad le concedemos a la transparencia el valor que proclamamos, no regateemos el acuerdo», ha instado a los grupos.

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La transparencia, ha dicho, es un deber de las administraciones públicas, tanto desde la entrada en vigor de la norma estatal en 2013 como porque los medios tecnológicos la facilitan «hasta un nivel impensable décadas atrás». Es, además, «una responsabilidad ética de los gestores públicos».

En este sentido, ha incidido en que se trata de un «deber ético» porque en un Estado democrático los ciudadanos «no son meros administradores sometidos a la guía y tutela de una Administración lejana y opaca». Los Gobiernos, ha subrayado, «ya no sustentan su poder en el secreto«. «La Administración es cosa de todos», ha recordado.

Ha abogado por ser «escrupulosamente claro en el destino de los dineros de todos, algo muy serio y avanzado». Así, ha señalado la necesidad de andar «con bolsillos de cristal» y ofrecer una «triple rendición» sobre el dinero público.

Se ha referido así a la necesidad de rendir cuentas para demostrar que se ha actuado «conforme a norma» para cumplir los requisitos legales y contables; a la importancia de saber qué objetivos de los perseguidos se han conseguido y con qué costes; o una rendición que incluya los dos aspectos anteriores, de manera que el ciudadanos pueda «seguir el camino del dinero público desde que ingresa en las arcas del Estado hasta que se aplica a uno u otro fin».

A ello ha sumado la necesidad de que la transparencia sea 'activa', que los datos estén explicados 'de forma comprensible' para una ciudadanía «cada vez más activa». «En este capítulo aún queda mucho por hacer», ha reconocido.

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