Los jefes de Renedo fueron «víctimas de la confianza» e ignoraban sus maniobras

El tribunal acusa a la funcionaria de intentar salpicar a Migoya y Cañas pese a que «su falta de intervención en estos hechos es aplastante»

P. LAMADRID / R. MUÑIZ OVIEDO.

Describir las andanzas de la funcionaria Marta Renedo consume 431 de los 1.079 folios de la sentencia. También a ella los magistrados la exculpan de parte de los expedientes de contratación y corruptelas que le imputaban las acusaciones, o de los cargos de coacción y usurpación de identidad. El descuento, sin embargo, sigue dejando un relato de hechos de complicada defensa.

La sentencia determina que Renedo se apropió de los fondos públicos de tres consejerías entre 2003 y 2010 y que lo hizo a espaldas de sus superiores. Las consejeras Ana Rosa Migoya y Encarnación Rodríguez Cañas, como los directores generales Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto fueron «víctimas de la confianza depositada en la acusada» y desconocían que preparó contratos por trabajos y productos que no se realizaban.

En su defensa, la funcionaria trató de salpicar a sus superiores, asegurando que conocían y hasta le ordenaban que impulsara los expedientes ilegales. Es una versión que «no se ha visto respaldada por la prueba practicada. Desde luego en lo que atañe a las consejeras sras. Migoya y Rodríguez Cañas -la primera de las cuales llegó a ser citada como investigada dictándose respecto a ella auto de sobreseimiento- su falta de intervención en estos hechos es de una evidencia aplastante».

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La lógica aplicada para llegar a esta conclusión es que los peritos del Cuerpo Nacional de Policía detectaron que las firmas de las consejeras fueron reproducidas en parte de los expedientes utilizando para ello fotocopias de las rúbricas procedentes de otros expedientes. Se recortaron y pegaron. «Ello deviene incompatible con que estuvieran al tanto de la ficción que representaban esas 'resoluciones'».

Decía quien debía fichar

Para tratar de «robustecer» las sospechas contra Migoya, la funcionara recordó el caso de dos mujeres a las que 'enchufó'. El método seguido para ello pasaba por pedir al empresario informático Maximino Fernández que las contratara como empleadas suyas, por más que al final prestaran sus servicios en centros pertenecientes a la Consejería de Cultura. Para resarcirse de esas nóminas, Fernández pasaba luego al departamento recibos por obras que no hacía. El importe de los mismas compensaba los salarios, aunque también aplicaba un margen en concepto de beneficio comercial.

La funcionaria era quien transmitía al proveedor a quién debía fichar. Todos ellos trabajaron, y cobraron nóminas ajustadas, aplicando el convenio, en un momento de escaso desempleo en la región. Entre las beneficiadas por esta vía, estaba la cuñada del director general. «Se ha insistido mucho» en esa conexión, «pero aunque 'prima facie' ese dato lleva a plantearse la hipótesis de que pudiera haber influido para favorecer esa contratación, no existen elementos probatorios que permitan sostenerlo así indubitadamente», establece la sentencia.

«El sr. Madera declaró sobre este particular que se enteró de que su cuñada estaba trabajando cuando ya estaba contratada y, ciertamente, ese vínculo parental levantará sospechas de que pudo tener algo que ver con su contratación, pero en modo alguno basta para afirmarlo así en términos de certeza, que es como se han de acreditar las cosas en derecho penal».

En último término, los magistrados recuerdan que los funcionarios están obligados a oponerse a órdenes ilegales, por lo que, si recibió instrucciones de ese porte, tenía forma de evitar su implicación. Al final la mayoría de las firmas válidas que aparecen en los expedientes son las suyas, dando como hechas obras que no tuvieron lugar.

Es el caso de Belén de la Montaña. Igrafo cobró cerca de 198.000 euros pasando un recibo por los muebles que decía haber servido en un centro inexistente en la parroquia valdesana. El accionista Víctor Muñiz y la propia Renedo aseguraron que ese dinero se entregó en realidad para compensar la reforma sí ejecutada en la biblioteca del Fontán. Un dato que parecía reforzar esta hipótesis es que el propio Principado ha sido incapaz durante la causa de facilitar el expediente de las mejoras efectivamente realizadas en dicho centro.

La Audiencia se aparta de ese relato, y asegura que lo realmente probado es que Muñiz cobró por materiales no servidos. Aunque en su defensa presentó albaranes de los muebles de la biblioteca, los importes de parte de ellos coinciden con expedientes que sí se tramitaron, por lo que los magistrados descartan que aquello le hubiera quedado sin liquidar. Dan más importancia a que en uno de los documentos incautados en Igrafo junto a los importes de la obra se calculara un 50%, dato que la Policía interpretó como el beneficio que el empresario estaba tratando de obtener de la operación.

El periplo de Renedo habría comenzado apropiándose de subvenciones dedicadas a ayudar a los emigrantes, luego se adueñó de dinero de las exposiciones y museos, y finalmente desvió el presupuesto reservado para modernizar la informática del Principado. Para ello se valió de una empresa que puso a su nombre, Implans Mounts.

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