Jueces y fiscales asturianos advierten: «El sistema ha llegado a su máxima degradación»

Jueces y fiscales asturianos advierten: «El sistema ha llegado a su máxima degradación»

Denuncian que se están llevando a cabo reformas que afectan a la calidad del servicio judicial a espaldas de la ciudadanía

LAURA CASTROGIJÓN.

No entienden que la mejora económica que experimenta el país no se esté traduciendo en un incremento positivo de las condiciones laborales de jueces y fiscales. Denuncian una precariedad sin precedentes que les ha llevado a vivir situaciones tan paradójicas como quedarse sin papel y sin tóner de impresora en los juzgados gijoneses, a pesar de que buena parte de sus gestiones diarias se basan en la tramitación de documentos. En la sede de la Audiencia Provincial denuncian que trabajan pasando frío a causa de un deficiente aislamiento. Toda estas carencias les han llevado a sopesar convocar una huelga para el próximo 22 de mayo si no ven compensada la merma salarial y obtienen una respuesta ante la escasez total de recursos materiales y, también, humanos.

La crisis económica llevó a jueces y fiscales, como a la mayoría de profesionales, a apretarse el cinturón, pero la estrechez ha sido tal que ha llegado a restar calidad al sistema judicial, dicen. La alarmante situación les ha llevado a aunar fuerzas y, por primera vez, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales reman en una misma dirección: lograr que su lista de reivindicaciones -un total de 25- pasen a convertirse en una realidad que les permita reforzar su independencia, modernizar la Administración de Justicia y mejorar sus condiciones laborales. No se trata solamente de un aumento salarial, que también, sino de recuperar «derechos básicos», insisten, como los días para asuntos propios y la equiparación de los permisos de paternidad que, en el resto de funcionariado ya se corresponden con un mes, y en su caso solo cubre quince días.

«Antes éramos una administración atractiva en la que los jóvenes querían trabajar y de la que ahora escapan» Maria Eugenia Prendes, unión progresista de fiscales

«En treinta años que llevo trabajando jamás he visto una degradación del sistema judicial como la de ahora», afirma María Eugenia Prendes, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. «Se está cercenando el servicio y llevando a cabo reformas de gran calado que afectan a la calidad del sistema sin que la ciudadanía lo sepa», añade. Una merma que tiene su raíz, según denuncian, en la escasa independencia del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano, critican, al que no han parado de restarle competencias y otorgarle otras funciones «más presidencialistas», como denuncia Julio Martínez Zahonero, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 5 y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. Apuntan como principal responsable de esta degradación competencial a la falta de compromiso político que, una vez más, han visto clara tras reunirse ayer con Pedro Sánchez en Madrid. «Nos ha avanzado lo que ya sabíamos: no quiere que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para que nosotros elijamos a nuestros representantes», afirmó a EL COMERCIO Raimundo Prado, portavoz nacional de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, quien señaló además que esta negativa va en contra de lo expresado por el Grupo de Estados contra la Corrupción, órgano integrado en el Consejo de Europa.

Lamentan también «la desconsideración», en palabras de Miguel Rodríguez Marcos, miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscales, del Ministerio de Justicia. «Llevamos años sufriendo estas limitaciones, pero su actitud ya nos ha hecho estallar». Desde 2008, no ha vuelto a convocar la mesa de retribuciones, a pesar de la constante insistencia de jueces y fiscales, y deja por tanto a estos profesionales sin una modificación de las cuantías salariales de las guardias que llevan demasiados años sin incrementarse. De esta manera, en un juzgado mixto, más habitual en los pueblos, su plena disponibilidad se paga a 56 euros semanales.

Los jóvenes «huyen»

La plantilla de magistrados y fiscales pide a gritos un refuerzo que debe traducirse, según las peticiones formuladas para evitar la huelga, una convocatoria de 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años. Sin embargo, hay un problema añadido: el desprestigio de la profesión.

«Antes éramos una administración atractiva en la que muchos jóvenes querían trabajar y ahora huyen», afirma Prendes. Por eso, también reclaman al ministerio que sea la Fiscalía General del Estado la que se encargue de la formación inicial y continuada de los futuros fiscales.

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