Jueces y fiscales se movilizan en defensa de su independencia y la modernización de la Justicia

Jueces y fiscales se movilizan en defensa de su independencia y la modernización de la Justicia
Condiciones en las que se encuentra el archivo de los juzgados de Langreo. / JUAN CARLOS ROMÁN

Siete asociaciones profesionales secundan la concentración, de ámbito nacional y que en Asturias se celebrará hoy a la una de la tarde en Oviedo

Marco Menéndez
MARCO MENÉNDEZGijón

Jueces, magistrados y fiscales están cansados de que las administraciones no les hagan caso en sus continuas demandas para modernizar la Justicia y mejorar la imagen que de ellos tiene la sociedad y han decidido pasar a la acción. En todo el país están convocadas para hoy una serie de movilizaciones en las que estos profesionales quieren dejar bien clara su postura. En Asturias, la concentración tendrá lugar, a la una de la tarde, en la biblioteca del edificio de la Audiencia Provincial y participarán las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales y Asociación de Fiscales.

Se trata de una convocatoria nacional y algunos profesionales se concentrarán dentro de sus juzgados y otros, en la calle. Eso sí, se hará público un texto consensuado por todas las asociaciones convocantes y que resume el sentido de estas concentraciones. Además, se presentará el calendario de las movilizaciones que tienen previsto llevar a cabo a escala nacional.

Pero, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de este colectivo? El manifiesto que leerán irá dirigido a las Cortes Generales, al Gobierno de Mariano Rajoy y al Consejo General del Poder Judicial. El objetivo es que con «urgencia» se acuerden las medidas necesarias para reforzar la independencia judicial, modernizar la Administración de Justicia, racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cuestiones.

Esta es la primera de las movilizaciones anunciadas el pasado 5 de marzo por las siete asociaciones de jueces y fiscales y el comunicado servirá de hoja de ruta en sus posteriores acciones de protesta. El documento también pide la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal, así como la retirada de cincuenta enmiendas que, en su opinión, «coartan» el ejercicio de la función judicial y vacían ciertas competencias al órgano de gobierno de los jueces.

Las siete asociaciones exigen que se presente un proyecto para reformar esa ley y que también posibilite garantizar que la elección de sus vocales sea directamente por jueces y magistrados, al tiempo que se asegure «la igualdad de género y la representatividad».

Un plan de inversión

Otra demanda importante es que el Ministerio de Justicia elabore un plan de inversión «suficiente y prolongado» que permita convocar al menos 300 plazas para incrementar la planta judicial y fiscal española, con el fin de equipararla a la media europea. De igual modo, estos profesionales demandan una convocatoria «inmediata y formal» de la Mesa de Retribuciones, para que recuperen el nivel salarial perdido hace ocho años y que esa retribución vaya en consonancia con la responsabilidad de su puesto.

En cuanto a la Fiscalía, se pide que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se les dote de los medios necesarios para ello, así como acciones para reforzar la independencia del Ministerio Público y su autonomía presupuestaria, además de que sea la Fiscalía General del Estado la que forme a sus integrantes.

Los funcionarios de Justicia, por su parte, ya se concentraron ayer ante el ministerio. Estaban convocados por los sindicatos STAJ y CSIF, por el incumplimiento del acuerdo firmado para mejorar las condiciones de trabajo, al tiempo que critican las cincuenta enmiendas del PP a la ley que consideran «mentiras evidentes».

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