El juicio al exgerente del Gitpa ayudará a definir los límites de la prevaricación

El juicio al exgerente del Gitpa ayudará a definir los límites de la prevaricación
Juan Rodríguez, exgerente. / A. P.

El acusado irá al banquillo el lunes, después de que una funcionaria fuera condenada por ese delito y absueltos dos exalcaldes y el regidor de Aller

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

El lunes se celebrará el juicio contra Juan Rodríguez, el que fuera primer director gerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones (Gitpa). La fiscalía y la acusación popular que ejerce el PP consideran que fraccionó en cuatro contratos menores lo que sería una misma asesoría jurídica valorada en 41.000 euros (IVA excluido). Trocear el encargo habría facilitado poder adjudicarlos de manera directa a la misma empresa, Garrigues. Esgrimen a favor de esta tesis un informe de la Sindicatura de Cuentas que también apreció «indicios de un fraccionamiento indebido». En consecuencia, creen que el hombre prevaricó y que hay que condenarlo a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El procesado pide la libre absolución señalando, entre otros motivos, que antes de su incorporación a la empresa el consejo de administración ya había reclutado a Garrigues como asesor de la sociedad pública y que, en esa condición, el propio despacho había validado la legalidad de los contratos. El exdirector gerente «es lego en materia jurídica y actuó de acuerdo con el criterio de su asesoría jurídica», sostiene el escrito de defensa.

El caso permite revisar de nuevo la etapa de Juan Rodríguez en Gitpa. Entre 2006 y 2012, con él al frente, la compañía asumió sus mayores inversiones para extender la red de fibra óptica y los repetidores de la TDT. Lo hizo contratando trabajos a una empresa de su hijo, a otra de la que formó él mismo parte y firmando centenares de contratos menores. El parlamento tiene abierta una comisión de investigación que en las próximas semanas debatirá un borrador de conclusiones presentado por el PP, que le responsabiliza de otras irregularidades y pide abrir sobre él una indagación patrimonial.

El juicio ayudará a definir mejor los límites de la prevaricación, un delito relacionado con la corrupción que castiga promover a sabiendas resoluciones que son contrarias a la legalidad. En las últimas semanas los magistrados de la región han depurado varias causas abiertas por este delito. Al alcalde de Aller y su predecesor por ejemplo los absolvieron. Aunque observaron una actitud arrogante y desdeñosa contra los funcionarios que advertían contra las irregularidades, la sentencia entiende que «no se puede aseverar con rotundidad que actuaran con conciencia de la injusticia» de sus actos. El exalcalde de Caso también fue exculpado esta semana mientras que una exjefa de servicio resultó condenada por fraccionar en dos un mismo encargo.

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