«Era un bufete de primer orden, creí que no me harían cometer una ilegalidad»

«Era un bufete de primer orden, creí que no me harían cometer una ilegalidad»
José Luis Rodríguez, en el banquillo de los acusados. / MARIO ROJAS

El primer director de Gitpa rechaza haber prevaricado. «Soy lego en derecho, todo lo que hice fue con el visto bueno del asesor jurídico», afirma

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Juicio al primer director de la empresa pública Gitpa, sociedad del Principado para la red de fibra óptica, banda ancha y repetidores de la TDT. El fiscal y la acusación popular impulsada por el PP creen que Juan Manuel Rodríguez prevaricó al fraccionar un trabajo en varios contratos menores, lo que permitía otorgar de manera directa una asesoría jurídica a Garrigues. El procesado se declaró inocente. «Soy lego en derecho, todo lo que hice fue con el visto bueno del asesor jurídico», adujo. El asesor de la compañía era, también, Garrigues, pero el exgerente recordó que el consejo de administración los seleccionó antes de su llegada a la empresa.

«Siempre se planteó Gitpa como una empresa de responsables, como la llamo yo, un núcleo de gente capaz, con conocimientos técnicos en redes y que todo lo subcontrataba, que era la práctica de todas las empresas de telecomunicaciones», expresó el procesado. Él fue fichado en agosto de 2006 «y durante casi un año fui el único empleado». La fiscal especialista en delitos contra la administración pública, Esperanza González Avella, dijo haber estudiado el asunto y «no hay contratos escritos con Garrigues, solo en 2011, ¿qué eran? ¿acuerdos verbales?». El exgerente defendió que hacían encargos «con contratos menores, con la legislación que había en ese momento no hacía falta documentarlos de otra forma».

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«En octubre de 2008 me comunican que nos vamos a hacer cargo del despliegue de la TDT», relató el procesado. Fue «un encargo puntual, para el que no teníamos medios, pero al que no podíamos negarnos por ser empresa del Principado». Quedaban quince meses para el apagón analógico así que la Administración regional descargó el asunto en el Gitpa «creo que porque sabían que éramos rápidos y eficaces», defendió.

En diciembre estaban dos pliegos, pero Garrigues señaló que sus tarifas no cubría la revisión de los mismos. «El acuerdo era de unos ocho o nueve contratitos al año, y aquello lo sobrepasaba, también por la cuantía; veníamos licitando tres o cuatro millones al año y esto pasaba a 25», precisó. «Entonces hicieron una oferta para cada encomienda, que eran distintas, con objetos distintos, plazos de ejecución distintos y trabajo material distinto», defendió.

La fiscal recriminó que «ustedes tenían unas normas de contratación por las cuales se sujetaban a la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué Garrigues presta siempre el mismo servicio en lugar de convocar a un concurso para que puedan acudir diferentes bufetes?». El acusado reiteró que cada contrato hecho con el despacho «era distinto» y que, en todo caso, «hice lo que me dijo la asesoría jurídica, en la que confiaba». «Entiendo que es un bufete de primer orden, en el que tengo plena confianza no solo yo, sino el consejo de administración, no me va a hacer cometer una ilegalidad», argumentó.

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