Juristas confían en que «en seis u ocho años» España tenga una ley de maternidad subrogada

Javier García Amez, Sonia Victoria Villa Sieiro, Inmaculada de Melo, Natalia Cerra, María Paz Fernández-Rivera, María Ludivina Valvidares, Cristina García Fernández, Isabel Núñez Paz, el rector Santiago García Granda, Pilar Jiménez Blanco, María Leonor Suárez Llanos y la vicedecana de la Facultad de Derecho, Dolores Palacios, en la apertura de las jornadas. / U. O.
Javier García Amez, Sonia Victoria Villa Sieiro, Inmaculada de Melo, Natalia Cerra, María Paz Fernández-Rivera, María Ludivina Valvidares, Cristina García Fernández, Isabel Núñez Paz, el rector Santiago García Granda, Pilar Jiménez Blanco, María Leonor Suárez Llanos y la vicedecana de la Facultad de Derecho, Dolores Palacios, en la apertura de las jornadas. / U. O.

LAURA MAYORDOMO OVIEDO.

Catedráticos y profesores de Derecho abogaron ayer por regular la maternidad subrogada en España. Lo hicieron en el seno de unas jornadas jurídicas enmarcadas en el IV Seminario Internacional del Grupo Deméter (Maternidad, familia y género) de la Universidad de Oviedo.

Tanto la catedrática de Derecho Romano María Isabel Núñez Paz como la de Derecho Internacional Privado Pilar Jiménez Blanco o el profesor asociado de Derecho Penal Javier García Amez incidieron en la «incoherencia» de la situación actual en España. Porque si por un lado la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida prohíbe expresamente en su artículo 10 la maternidad por sustitución -los conocidos como 'vientres de alquiler'-, la realidad es que, en la práctica, se está consintiendo a través de la inscripción en los registros civiles de los niños nacidos en países que sí la permiten y a los que recurren cada año más españoles que ansían ser padres o madres. Es lo que Pilar Jiménez Blanco explicó a los alumnos asistentes a la jornada de una forma muy gráfica: «Cerramos la puerta a través de la ley, pero abrimos la ventana a través de la práctica registral».

Hacer una buena ley que regule la gestación por sustitución será difícil. Y llevará su tiempo. Pilar Jiménez Blanco estima que podría conseguirse en un plazo de seis u ocho años, consciente de que en esta legislatura, pese a haber ya una propuesta del grupo parlamentario de Ciudadanos, será prácticamente imposible que llegue ni siquiera a plantearse el debate. «En esta cuestión hay posicionamientos muy diversos. En estas jornadas nosotros tratamos de ser asépticos y verla no desde un punto de vista ideológico sino técnico-jurídico y de respeto a los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos. Personalmente pienso que no va a haber más remedio que proceder a una regulación de la maternidad subrogada», subrayó Isabel Núñez Paz. «En España se puede prohibir, pero si permitimos que la gente se vaya al extranjero, no nos sirve para nada la legalidad», abundó Javier García Amez.

«Elitismo social»

Es, puso como ejemplo Isabel Núñez, algo similar a lo que ocurrió en su día con la ley del aborto. «Podemos negarnos a todo, pero la realidad está ahí». Ya que en este caso, como en tantos otros, recordó, «el Derecho va por detrás de la sociedad» y en este asunto hay que dar una respuesta garantista, sobre todo porque hay que proteger a los grupos más vulnerables».

En estos momentos, los niños nacidos mediante un 'vientre de alquiler' pueden ser inscritos en España merced a una instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado dictada en 2010. Pero, ¿qué pasaría si en un momento dado se da marcha atrás y se revoca esa instrucción? «Pues que los menores quedarían desamparados, en un limbo legal», responde García Amez.

Además de evitar ese supuesto, poco probable por otra parte, una regulación acabaría con el actual «elitismo social» por el que solo los españoles con importantes recursos económicos se pueden permitir el acudir a la maternidad subrogada. Una práctica que, incidió la catedrática de Derecho Romano, no es nueva. Ya en Roma había vientres gestantes, mujeres que ofrecían esta prestación a familias amigas. Era, planteó Isabel Núñez, «un servicio social».

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