Un juzgado obliga al Principado a convocar concurso para 79 puestos de jefaturas

La sentencia da un plazo de tres meses y estima así parcialmente la demanda presentada por el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies

EFE

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo ha condenado a la administración del Principado a la convocatoria pública por concurso de méritos de, al menos, 79 puestos de jefatura (jefes de servicios, coordinadores y jefes de sección) que llevan cubiertos de forma provisional más de dos años.

La sentencia, que otorga a la administración autonómica un plazo máximo de tres meses, estima así parcialmente la demanda presentada por el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies y rechaza las alegaciones el Principado sobre la falta de desarrollo normativo de la ley de medidas en materia de función pública y sobre la necesidad de adaptar la relación de puestos de trabajo (RPT).

La resolución judicial incide en que, transcurridos ya casi cuatro años desde la aprobación de dicha ley, "la necesidad de sectorización de los puestos de trabajo" no puede ser una causa justificativa para incumplir una obligación legal.

Además, incide en que, pese a la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de septiembre de 2014 que obliga a incluir en la RPT las funciones de dichos puestos, "también ha transcurrido ya sobradamente un periodo razonable" para que no sea una causa válida de incumplimiento de la obligación de convocar el concurso de méritos.

En un comunicado, el colectivo funcionarial recuerda que han transcurrido ya cinco años desde la suspensión cautelar de los nombramientos por libre designación ordenada por el TSJA "y no se ha convocado, ni resuelto válidamente, ningún concurso de méritos".

Según el Conceyu, todos los puestos que antes eran de libre designación se nombran discrecionalmente desde entonces por el sistema excepcional de la comisión de servicios previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, "con el agravante de que buena parte son radicalmente ilegales, al superar el plazo máximo legal de duración, que no puede exceder de dos años".

El resultado, advierten, es que hay más de 250 nombramientos provisionales en puestos de jefatura que superan el plazo máximo legal, cifra a la que se añaden, al menos, otros 476 puestos de jefatura de sección, cuya convocatoria fue anulada por el TSJA en 2014 "y que también se encuentran ocupados en precario pues el Gobierno aún no ha encontrado tiempo para repetir la convocatoria".

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