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La ley contra el alcohol prevé sancionar a los padres de los menores que beban

La ley contra el alcohol prevé sancionar a los padres de los menores que beban

Plantea prohibir el botellón en la calle y cerrar los locales que vendan de forma reiterada a quienes no llegan a los 18 años

EL COMERCIO

Gijón

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Jueves, 19 de abril 2018, 02:07

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El informe que establece las bases de la futura ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el estudio del problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Asimismo, se propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; y limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos. Además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que venda o suministre alcohol a menores de manera reiterada, llegando incluso a ser clausurado.

Retrasar la edad de inicio

El informe, que parte de que «los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes», muestra como objetivo primordial retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo. No obstante, el informe muestra la falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol. Se muestran «escépticos», puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales «y su impacto no ha sido el esperado».

El documento afirma que «cualquier medida debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario». En este sentido, se plantea crear un Observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes implicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio de Drogas y Adicciones. Y baraja ampliar, en el ámbito judicial, los equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados de guardia para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.

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