Llamazares plantea recuperar el convenio entre la prisión y el Servicio de Salud

O. SUÁREZ / A. SUÁREZ GIJÓN.

Las reacciones políticas al asunto del preso dado por muerto en la cárcel de Villabona no se han hecho esperar. Gaspar Llamazares, portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, abundó en la necesidad de «recuperar el convenio entre Villabona y el Sespa, que suspendió unilateralmente el Gobierno central. Para luego abrir la negociación del traspaso de la sanidad penitenciaria al Principado».

Por su parte, Armando Fernández Bartolomé, diputado de Ciudadanos en la Junta General, remarca: «Hay un compromiso desde el año 2003 de transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas que no se ha cumplido y que nosotros queremos que se lleve a cabo». El representante de Ciudadanos considera que «el desfase entre el servicio sanitario de las cárceles y el que se oferta al resto de los ciudadanos es creciente y eso repercute negativamente sobre la población reclusa», señaló en referencia al hecho de que hasta tres facultativos médicos certificasen la muerte de una persona viva.

Sin precedentes

Ciudadanos reclama la transferencia de la sanidad penitenciaria, pendiente desde 2003

Fuentes próximas al Instituto de Medicina Legal aseguran que no existen precedentes recientes de un caso de «resurrección» como el registrado el domingo, cuando los servicios fúnebres trasladaron al hombre de 29 años desde el centro penitenciario, tratándolo en calidad de cadáver. Fue introducido en una bolsa y llevado en furgoneta para que los médicos forenses le practicasen los exámenes necesarios con los que esclarecer las causas de un deceso que finalmente no era tal. Desde la cárcel de Villabona defienden el proceder de los dos médicos que certificaron el fallecimiento de uno de los miembros del extenso clan Montoya.

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