«Llevamos un año esperando sanciones, pero no hay ni inspecciones», dice el sector

CH. TUYA GIJÓN.

«Estamos preparando un informe al respecto. Hace un año que la norma está en vigor, pero hay un porcentaje muy bajo de establecimientos dados de alta». Fernando Corral, vicepresidente de la patronal Otea -que aglutina alojamientos y restauración- y experto en el sector hotelero cree que la comparativa realizada por EL COMERCIO confirma lo que el sector turístico asturiano lleva años denunciado: «Hay muchos casos que aprovechan para hacer negocio ilegal, ya que aún no ha habido sanciones».

La desilusión de los propietarios de hoteles, campings y casas rurales respecto al funcionamiento del decreto, con el que el Gobierno regional quiso regular desde agosto de 2016 los pisos privados que se alquilan como alojamiento turístico, es evidente. «Llevamos un año esperando sanciones, pero es que no hay ni inspecciones». Así lo asegura Adriano Berdasco. El presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur) reclama que «se aplique la ley y que se multe a quien no esté dado de alta».

Como explica Ana Soberón, presidenta de la Asociación de Casas Rurales (Arca), «llevamos mucho tiempo con este problema. Hay turistas que no se registran en ningún sitio oficial». Una falta de control que no solo afecta a las seguridad, sino también a la calidad. «No tienen ni seguro de responsabilidad civil», explica Tony Amieva, gerente del mayor camping de la región, el municipal de Deva.

Cree él que «el Principado dio un buen paso con la regulación, pero la tramitación es muy lenta». Como ya adelantara a este periódico, Corral exige actuar «contra las plataformas que hacen caso omiso a la normativa: es a las primeras a las que hay que hacer cumplir la ley».

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