María Jesús Otero, Sociedad Limitada

María Jesús Otero llega a los juzgados para comparecer en la vista de una de las piezas separadas del caso Renedo sobre la empresa Igrafo
María Jesús Otero llega a los juzgados para comparecer en la vista de una de las piezas separadas del caso Renedo sobre la empresa Igrafo / MARIO ROJAS

Inteligente, discreta, de gran memoria y oratoria, ideó varias formas de apropiarse de los fondos y beneficiar a los suyos sin levantar sospechas | La sentencia del 'caso Renedo' concluye que se quedaba con el 5,3% de los contratos dados a Igrafo y APSA

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

La trataban como a una reina. O mejor, si se tiene en cuenta que la asignación de doña Letizia este año es de 130.092 euros. Ella, María Jesús Otero, la 'número 2' de la Consejería de Educación, la que según los jueces decidía «cuándo, por qué y con quién se contrataba», lograba que dos empresarios la colmaran de regalos, a razón de 467.630 euros anuales.

El plus es desmesurado. Como directora general le correspondía un sueldo de unos 55.700 euros, antigüedad aparte. Puede decirse que con eso debía bastar, que la nómina ya triplica la retribución media de las asturianas. Habría que considerar también que sus responsabilidades distaban mucho de las de la asturiana media. Si la Audiencia acierta, la suya era la última palabra al decidir el reparto del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de Educación. Entre 2006 y 2009, unos 586 millones de euros. Pocos gerentes del sector privado mueven más dinero, y todos lo hacen por salarios más holgados.

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«Esta mujer hizo mucho por la Educación en Asturias», defiende, aún hoy, Víctor Muñiz, el socio de Igrafo que más se esforzó en tenerla de su parte. Los años de imputación y banquillo no han mellado la entente con su amiga. «Tiene una gran memoria», describía en el juicio su jefe, José Luis Iglesias Riopedre. Según dejó caer, la contrató porque se lo había pedido el exdelegado, expresidente, exalcalde y exdiputado Antonio Trevín. «Tenía mucho prestigio en Educación», reconoce Riopedre. En privado no guarda rencor, aunque sí asume que su mano derecha «tiene cosas que aclarar».

Con nueve años de cárcel, Otero se ha convertido en la principal condenada en el mayor caso de corrupción que llega a juicio en Asturias. Mucho protagonismo para una mujer que siempre dejaba las fotos y focos a su jefe. Quienes hicieron Magisterio con ella la recuerdan de notable oratoria, comprometida con la Transición y con perspectiva suficiente como tener un ojo en los países en desarrollo. Llegó a la Universidad tarde y ya con vestida de falda, camisa blanca y rebeca, como acostumbra.

Esa ropa austera es la que utiliza para subirse a su Audi V8, comer en los mejores restaurantes, viajar por el mundo. Si los jueces están en lo cierto, todo se lo pagaban Igrafo y APSA. Sentencian que su trama superaría en ambición a la que se reprocha a la extinta CIU: en sobornos se habría quedado con el 5,3% de los fondos adjudicados a estos proveedores.

Negocio autoabastecido

Las fórmulas eran variadas. Entre 2006 y 2009, los años en los que se centra la investigación, sus sociedades de apartamentos Buga 90 y Cueto Mazuga recaudaron 73.733 euros. Para camuflarlos, emitían facturas simulando que la gente de APSA les había alquilado las habitaciones. Las lavadoras, secadores y cocinas se las ponía García Rodríguez Hermanos, que pasaba luego el recibo a APSA. La misma empresa asumía las mudanzas y las facturas de Compasso, una de las tiendas más finas de decoración.

El negocio era redondo. Otero lograba que los proveedores le equiparan gratuitamente los apartamentos, y luego hacían como si se los arrendasen. Ésta podría ser la historia de una generosidad torcida, si se tiene en cuenta que montó los pisos en parte para dar trabajo a una amiga que quedaba viuda y con hijos.

Francisco Javier Rodríguez Santocildes, el magistrado que ha redactado la sentencia, es tipo mesurado, que gusta de ahondar en lo jurídico y técnico. A la hora de identificar el origen de esa aparente bondad parece pasarle lo que a la mayoría de quienes se han acercado al sumario. Su lectura enerva. Cabrea. Y reclama frases claras como esta: «La Sala no duda de que la acusada sabía que [en Educación] se facturaba lo que no se servía precisamente porque esa praxis era la que generaba saldos en los empresarios, que luego estos utilizaban para pagar dádivas y liberalidades que recibió». A ese desviar dinero de los colegios para usos privados lo define como un «plan criminal» de Otero, Muñiz y Alfonso Sánchez, el propietario de APSA.

La prueba la encuentra la Sección Tercera en la que es la gran aportación del magistrado-juez Ángel Sorando. El instructor, tras hablar con la Policía, ordenó que seleccionaran las facturas pagadas por Educación a cinco colegios y comprobasen si estaban allí los muebles. No encontraron ni pizarras, ni pupitres, tampoco ordenadores, seguetas, armarios, ni proyectores. Faltaban un sinfín de productos. Lo abonado y sin entregar en el sitio indicado sumaba 1,3 millones. La red pública, hay que recordarlo, está compuesta de más de doscientos centros como esos.

Pruebas confrontadas

Otero, al igual que los empresarios, argumenta que los enseres están, aunque en sitios distintos a los marcados en los expedientes. «Cambios de última hora», disculparon. «A veces los propios directores los pedían», abundaron. La prueba que demostraría su versión estaría en el inventario de bienes que pidieron al Principado, y que éste nunca presentó. Los magistrados dan la vuelta al argumento. «Siendo obvio que el inventario podría ser una prueba útil, no resultaría imprescindible para acreditar la tesis» de las defensas. Podían haber pedido que los colegios donde sí llevaron el material lo certificaran. En última instancia, les recrimina que el inventario no lo trajeran ellos mismos: «Sería francamente insólito que estas empresas sirvieran bienes por valor de cientos de miles de euros y no estén en condiciones de acreditarlo. En la práctica mercantil -y los acusados saben de ello mucho más que el Tribunal- resulta esencial cuando se cumple una prestación procurarse la forma de acreditarlo».

Con reflexiones parecidas van despreciando los argumentos de la defensa para ir a lo esencial. Sí. Igrafo y APSA eran líderes del mercado antes de Otero y no deberían necesitar mucho para seguir siéndolo. Sí. Los contratos que recibían eran menores, homologados y negociados, modalidades con mucho margen de discreción para el gestor público. Lo que pasa es que al final los muebles no aparecen en los colegios y sí en las casas de Otero y familiares y amigos. Hay 1,8 millones en regalos impropios para una directora general. Creer que se los daban «a cambio de seguir contando con el favor de la administración en esas contrataciones se ajusta al principio de lógica», concluyen.

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