La funcionaria Marta Renedo, condenada a devolver 1,5 millones al Ejecutivo regional

La todavía funcionaria Marta Renedo, en la Audiencia.
La todavía funcionaria Marta Renedo, en la Audiencia. / ÁLEX PIÑA

El Tribunal de Cuentas emite la primera resolución que obliga a un implicado del 'caso Renedo' a reponer los fondos defraudados

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

A punto de cumplirse ocho años desde que la denuncia de una gijonesa pusiera a la Policía Nacional tras la pista del 'caso Renedo', acaba de dictarse la primera sentencia vinculada a esta trama de corrupción que condena a uno de sus protagonistas a devolver el supuesto dinero defraudado. El paso lo ha dado el Tribunal de Cuentas. En una resolución dictada el 29 de diciembre, castiga a la todavía funcionaria Marta Renedo Avilés a devolver a las arcas del Principado más de 1,5 millones.

Según el Departamento Segundo del tribunal, ese dinero salió del erario autonómico entre 2005 y 2010 para pagar una serie de obras y trabajos que no se hicieron. Renedo, como jefa de servicio de las consejerías de Cultura, primero, y de Administraciones Públicas, después, firmó los conformes a las facturas, acto que la sentencia considera equivalente a dar por recibidos los encargos, de ahí la responsabilidad que le imputa. La decisión no es firme y la procesada ha anunciado que interpondrá un recurso, antes de quince días.

La decisión del Tribunal de Cuentas llega después de que en septiembre la Audiencia Provincial dictara la sentencia provisional del 'caso Renedo'. Aquella resolución penaba con unos 40 años de prisión entre todos y 6,7 millones de multas a los responsables de la trama. Sin embargo, dejó una cuestión sin resolver. Los magistrados consideraron que no tenían todavía elementos suficientes para fijar a cuánto ascendía la indemnización a la administración. Es decir, cuánto tenían que devolver. Las multas impuestas son un dinero que, en caso de pagarse, ingresarán en la cuenta del servicio de Justicia, no en las del Principado. El asunto deberá deliberarse al final de todo el procedimiento.

La sentencia de la Audiencia Provincial dejó sin resolver la recuperación del dinero

Los implicados van a presentar en las próximas semanas sus recursos ante el Tribunal Supremo, lo que implica que esta segunda instancia deberá intervenir, y confirmar, rebajar o anular las penas propuestas por la Audiencia Provincial. Después de ello, cuando la resolución adquiera firmeza, se abrirá un nuevo pleito para ejecutar la sentencia definitiva, y es ahí cuando los magistrados asturianos estudiarán cuánto dinero hay que reponer al Principado.

La clave parlamentaria

La comisión de investigación parlamentaria, que la Junta General cerró en 2013, propuso al Gobierno regional otra estrategia para recuperar los fondos. El dictamen detectó 199 contratos sospechosos e instaba al Principado a remitirlos al Tribunal de Cuentas. Esta jurisdicción, distinta de la penal, no analiza delitos ni mete a nadie en la cárcel; se limita a estudiar los perjuicios causados al erario y, si se dan las circunstancias, ordenar al responsable a que los ponga de su bolsillo.

El Ejecutivo regional desestimó acudir a esta vía, aconsejado por unos funcionarios que entendían que la vía contable no se podía activar hasta que existiera una sentencia penal. Discrepando de este criterio, Ignacio Prendes, entonces diputado de UPyD y presidente de la comisión, remitió la documentación él mismo al Tribunal de Cuentas. Los contratos que se reprochaban a Renedo llevaron dinero a cuentas bajo su control, pero también a otras empresas vinculadas al 'caso Renedo'. En su defensa, la funcionaria alegó que no podía ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Si la Audiencia Provincial le recriminaba haber falsificado la firma de sus superiores en los contratos, no se la podía penalizar de nuevo por ello. El Tribunal de Cuentas recuerda que «la mera existencia de una causa penal sobre los mismos hechos no da lugar a la suspensión» de su iniciativa.

La defensa planteó que los contratos eran menores, que el Principado interpretaba los conformes de los jefes de servicio sobre las facturas como si fueran un acta de recepción, cuando esa función era exclusiva de los interventores. Tras analizar la legislación autonómica, el Tribunal de Cuentas rechaza también esta tesis.

Renedo, dice, «ejercía la función de control de la efectiva realización o recepción de la prestación de todos los expedientes de contratos menores y, por tanto, concurre necesariamente en ella la condición de gestora de fondos públicos».

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