La Fiscalía pide el sobreseimiento de la querella contra Bueno por el 'caso Quintanas'

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la querella en la que el promotor del antiguo convenio de Quintanas de Chacón y una copropietaria del edificio -ya demolido- conocido como 'Modas Josefina', atribuyen nueve delitos a Enrique Bueno, portavoz municipal de IU y ex concejal de Urbanismo, y a dos funcionarios municipales. Entre los supuestos delitos figuran los de prevaricación, cohecho, estafa y falsedad documental.

El ministerio público los rechaza uno a uno al no apreciar indicios, decisión que con toda probabilidad llevará al jueza archivar la querella. Si finalmente es así, el promotor anuncia que presentará recurso.

El conflicto estalló en diciembre de 2012, cuando el denunciante manifestó que la decisión de Bueno de sustituir el convenio por él mismo anunciado, que preveía construir más de 300 viviendas en Quintanas de Chacón, por otro que reduce la cifra a 56 obedecía a su negativa a pagarle los 600.000 euros que, siempre según su versión, le había solicitado Bueno por una finca sita en la zona objeto de actuación de la que es copropietario. El promotor calificó de «desproporcionada» tal cantidad y añadió que el nuevo convenio le permitiría triplicar la edificabilidad de su finca sin hacer frente a los gastos de urbanización «que sí tendrán que abonar el resto de los vecinos. Así ya tendrá los 600.000 euros que quería», añadió.

La declaración de ruina de una serie de inmuebles propiedad del promotor, entre ellos la Casa de Postas y la referida 'Modas Josefina', desencadenó a otra serie de querellas contra Bueno por parte del promotor, que aseguraba sentirse víctima de una «persecución» por su negativa a pagarle el precio que le habría solicitado por su propiedad, situación de la que también manifestó ser objeto la otra querellante

Finalmente, el nuevo convenio fue incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por el Pleno. Bueno participó en aquella votación, situación que llevó a Foro a solicitar su nulidad al entender que, como supuesto interesado, debería haberse ausentado de la sesión.

La Fiscalía argumenta en su escrito los motivos que le llevan a pedir el sobreseimiento de la querella. Lo hace supuesto a supuesto. En el caso del de prevaricación, señala que «no puede deducirse que la conducta desplegada por Bueno resulte incardinable (vinculante) en el tipo de la prevaricación urbanística, pues no existen indicios de que hubiere procedido a esa nueva ordenación urbanística, en lo que es la aprobación inicial del PGOU, en la forma exigida por la jurisprudencia aplicable, ni tampoco en la tramitación del expediente de declaración de ruina y demolición aludido. Y lo mismo puede predicarse respecto de los otros imputados», señala.

En cuanto a la cuestión de fondo, los 600.000 euros que habría solicitado Bueno por su finca, expone que «la cifra exigida lo era en pago del terreno de su propiedad, el que como tal consideró, y no como premio a la realización de un delito».

La Fiscalía tampoco aprecia infracción punible alguna en la participación de Bueno en la votación que aprobó el nuevo PGOU y por añadidura, del nuevo convenio. «El mero hecho de tener parentesco con propietarios no constituye causa de abstención de los concejales afectados», razón por la que «no cabe estimar acreditado que exista un interés directo y personal».

De igual forma tampoco observa indicios de delitos en los supuestos de usurpación, abuso en el ejercicio de la función pública, falso testimonio, falsedad ni coacción. En este capítulo incide en que «ya existió un expediente de declaración de ruina incoado en abril de 2000, es decir, una década antes de surgir los conflictos».

A juicio del promotor, el auto de la Fiscalía «refleja el poder que puede tener un concejal de Urbanismo. Si les das el dinero que te piden tienes convenio y si no, no pasa nada», dijo, al tiempo que reiteró su determinación a presentar recurso si, como se espera, el juez decreta el archivo de la querella.