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Los sindicatos cifran en 64 el númerode empleados municipales que deben devolver parte de su salario en Castrillón

La situación obedece a una sentencia judicial que anula la relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno en mayo de 2012

José Fernando Galán

Viernes, 22 de mayo 2015, 00:26

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Los representantes sindicales del Ayuntamiento de Castrillón cifran en sesenta y cuatro, más de un 40% de la plantilla, el número de trabajadores municipales que «no solo dejarán de percibir su actual complemento específico, sino que deberán reintegrar el importe correspondiente a ese incremento, lo que supone cantidades muy importantes a devolver», en virtud a la sentencia que anula la revisión de puestos de trabajo aprobada por el Pleno en mayo de 2012.

Así se recoge en una nota firmada por todos los sindicatos a excepción de Usipa, el demandante y actualmente el segundo con mayor representación.

El objeto de la demanda era «que se reconozca el derecho a que se incluye en la relación de puestos de trabajo (RPT) los de los monitores y profesores de los patronatos y el de intermediadora laboral», cuya plaza había sido amortizada, también en sesión plenaria, después de que la trabajadora que la ocupaba fuese despedida en varias ocasiones y readmita otras tantas por sentencia judicial.

Usipa también argumentó que la relación de puestos de trabajos «produjo una subida encubierta de retribuciones de algunos puestos», en alusión, según señaló posteriormente el sindicato, a una decena de empleados, en su mayoría altos cargos, a los que se habrían concedido complementos anuales por importe de entre 5.000 y 10.000 euros anuales.

Monitores de los patronatos

El fallo judicial, recientemente confirmado por el Supremo, rechaza que se incluyese a los monitores y profesores de los patronatos y a la intermediadora laboral -quien finalmente cesó a cambio de 28.200 euros de indemnización- en la relación de puestos de trabajo, que finalmente anula en base a que las subidas salariales en ellas recogidas vulneran la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

En este sentido, dispone que en ese año «las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011».

La mayoría de los incrementos retributivos ahora anulados ya estaban recogidos en la valoración realizada en 2002 por una empresa externa o eran interinos que iban a consolidar su plaza y se aprobaron en el mismo acto en el que se dio el visto bueno a las que según Usipa suponían «una subida encubierta», dado que no estarían recogidas en la valoración de 2002. Ahora tanto unos como otros dejarán de cobrar, tal y como admiten los sindicatos, dichos incrementos y tendrán además que devolver las cantidades en tal concepto cobradas desde su aprobación, mayo de 2012, a la actualidad.

La alcaldesa, Yasmina Triguero, afirma que la forma de llevar a término la sentencia «no está clara» y que solicitará incidente de ejecución, mientras que el PP habla de «valoración a la carta» y «cacicada de IU», al tiempo que recuerda que fue aprobada únicamente con los votos de IU y del concejal no adscrito, Teodoro Pozo.

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