El PSOE de Carreño mantiene que el PGOU sigue en vigor pese al fallo del TSJA

El equipo de gobierno de Carreño, del PSOE, mantiene que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue y seguirá en vigor pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió un fallo declarando nulo el documento final, tras una reclamación de la Asociación de Vecinos Río Espasa de Perlora. Estos vecinos argumentaban que el texto refundido del PGOU tenía que haber contado con la aprobación del Pleno antes de su remisión a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para su entrada en vigor. Un trámite cuya necesidad fue ratificada por el Tribunal Superior.

Según explicó el concejal de Urbanismo, Gabriel Rodríguez, «únicamente se trató de un defecto de forma que se produjo a la hora de tomar el acuerdo de remisión del documento urbanístico a la CUOTA, pero que nada tiene que ver con las previsiones generales que contiene el actual PGOU». Por esta razón, el político socialista lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos: «Pueden estar tranquilos porque no afectará a las licencias tramitadas y, por tanto, el Ayuntamiento deberá seguir aplicando el PGOU como hasta el momento sin que se produzca ninguna alteración jurídica que pueda afectar a los vecinos del municipio».

En la comisión informativa de Urbanismo celebrada ayer, se explicó que ahora el texto refundido del planeamiento urbanístico de Carreño deberá ser remitido al Pleno para su aprobación. El siguiente trámite será volver a enviarlo a la CUOTA para su aprobación definitiva.

Responsabilidades

El Partido Popular, por su parte, exigirá que se depuren responsabilidades tanto políticas como administrativas. Su portavoz, José Ramón Fernández, señaló que «el gobierno socialista dice que esta sentencia solamente es por cuestiones formales, pero lo cierto es que demuestra una actuación municipal de desprecio absoluto hacia el Pleno».

«No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los vecinos y de los ediles y encima nos cueste dinero público», apostilló. Así, los conservadores pedirán que la alcaldesa, Amelia Fernández, no recurra el fallo. Y, también, que se emita un informe jurídico sobre las posibles consecuencias de la sentencia y que se explique y se informe sobre todas las irregularidades en la tramitación del expediente.

Y cuando el Ayuntamiento tenga que hacer frente a las costas judiciales, remarcó el PP, «pediremos que se instruya un procedimiento para determinar si ha habido una actuación negligente por parte de los integrantes del gobierno local, actuales o anteriores». «Esta petición será extensiva a los funcionarios municipales porque, en ese caso, deberán ser ellos los que asuman directamente el pago de dichas costas», apostilló José Ramón Fernández.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel García, consideró que esta cuestión «no es muy importante en el fondo», en el sentido de que tiene fácil solución. Aunque sí puntualizó que «ahora se hace necesaria una explicación más pormenorizada y detallada de lo ocurrido». «La gente necesita tener una seguridad jurídica en asuntos relacionados con el urbanismo», remarcó. Se mostró muy crítico, igualmente, con la constante judicialización de la actividad municipal: «No se puede admitir que los servicios técnicos y jurídicos municipales estén constantemente dedicados a resolver las cuestiones mal gestionadas por los socialistas. Basta ya de estar todos los días en los tribunales, algo al que se debe poner fin», remarcó.

Y, mientras, la Asociación de Vecinos Río Espasa de Perlora, que abordará el pronunciamiento del TSJA el domingo, en una reunión convocada a las 13 horas, también tiene en marcha un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al haberse desestimado sus demandas contra el PGOU por las limitaciones al crecimiento de los núcleos rurales en la parroquia.

En Somos Carreño se limitaron a decir que este asunto «deberá ser abordado con profundidad antes de emitir una postura». Su portavoz, Carlos López, apuntó que se trata de una cuestión que tuvo lugar con anterioridad a la representación municipal de su partido.