El Comercio

Empresarios del transporte piden más control de los vehículos escolares

  • Lamentan que un caso como el de Villaviciosa, en el que un autobús excede el plazo de matriculación permitido, empañe la imagen del sector

El incumplimiento de la normativa por parte de la empresa Autocares Hortal con uno de los autobuses que cubre una de las rutas escolares del Colegio Público Maliayo, en Villaviciosa, ya que supera en dos años el periodo máximo de matriculación no es un caso aislado.

El pasado año, durante la campaña especial llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico entre finales de noviembre y principios de diciembre, la Guardia Civil contabilizó que un 35% de los vehículos destinados a este tipo de transporte circulan en Asturias con algún tipo de irregularidad.

De los 206 vehículos controlados, los agentes formularon setenta denuncias, principalmente por irregularidades administrativas. En 2014, fueron 73.

Los empresarios del transporte lamentan que un caso como el de Villaviciosa pueda perjudicar el trabajo de todo un sector que, además de cubrir líneas escolares, cuenta con una amplia oferta de servicios. «Estamos hablando de una irregularidad que inhabilita a ese vehículo para transportar niños, nos parece muy grave que el Consorcio de Transportes no lleve a rajatabla un control de a quién y en qué condiciones adjudica las rutas escolares», señalan varias fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, algunos apuntan que «no debería permitirse que se iniciara el curso escolar sin antes conocer e inspeccionar los vehículos que prestarán el servicio» y reconocen que «lamentablemente todos los años hay denuncias por incumplimientos que empañan la imagen de quienes hacemos las cosas bien».

Servicio regular y especial

El escolar está considerado como transporte público regular de uso especial y su funcionamiento está regulado por el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores y su incumplimiento por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Así las cosas, la normativa recoge que el régimen sancionador incluye una multa de entre 100 y 18.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.