El Comercio

La oferta pública de empleo consolidará trece puestos de trabajo en el concejo

  • El Ayuntamiento ultima la elaboración de los presupuestos de 2017, en los que planea avanzar en la remunicipalización de servicios

El proyecto de presupuestos de Castrillón para 2017 incluirá una Oferta Pública de Empleo (OPE) que permitirá la consolidación de trece puestos de trabajo en la plantilla municipal. Es decir, son puestos donde actualmente existe una persona pero no lo tiene en propiedad.

La concejala de Interior, Mar González, confirmó ayer que se incluirán cinco agentes de la Policía Local, de los que uno será por un traslado por movilidad desde otra administración local, tal como marca la legislación. De esta manera, el gobierno municipal atenderá la petición planteada por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias.

Junto a tres puestos de administrativos, la OPE de 2017 incluirá sendos puestos de aparejador, consejera, técnico de administración general, arquitecto y limpieza.

Los trece puestos recogidos no supondrán un aumento de la plantilla municipal, sino consolidar puestos de trabajo que, en la actualidad, los ocupan trabajadores que no son propietarios de la plaza.

Fin de contratos

Además, el gobierno municipal no descarta incluir medidas que permita la remunicipalización de servicios públicos que actualmente se gestionan mediante la contratación de empresas privadas, según recordó ayer la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero.

El primero de los contratos en llegar a término será el del servicio de limpieza y mantenimiento de parques y jardines, al que le resta un año. Posteriormente concluye la recogida de la basura, que finalizará en 2019.

Aunque la decisión política del gobierno local es firme, su ejecución se condiciona por las limitaciones legales sobre las plantillas públicas. Además, habría que estudiar las condiciones de la concesión y las necesidades de adquisición de material para prestar el servicio.

Más a largo plazo, el equipo de gobierno no descarta asumir la gestión del ciclo integral del agua, actualmente gestionado por Aqualia. La única forma de adelantar los plazos sería una renuncia de la concesionaria, algo que no se descarta toda vez que se encuentra pendiente de resolución judicial a una reclamación judicial de Aqualia al Ayuntamiento.