El Comercio

El acusado, durante la vista oral celebrada en junio de 2015.
El acusado, durante la vista oral celebrada en junio de 2015. / E. C.

La familia de la joven muerta en Antromero recurrirá la absolución del conductor ante el Constitucional

  • Según el fallo de la Audiencia Provincial, hubo una pérdida de control del vehículo que la atropelló por un exceso de presión en las ruedas

«Vamos a agotar todas las vías legales posibles. Creemos que este tribunal no supo interpretar los hechos debidamente probados. Sabemos lo que sucedió y conocemos la verdad». Son palabras de Mari Paz Artime, madre de Rebeca Rodríguez Artime, fallecida a los dieciocho años tras ser atropellada mortalmente en junio de 2013, cuando se dirigía a las fiestas de Antromero.

A la vista de los hechos, la decisión familiar es la de elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional tras conocer la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial pese al recurso presentado contra el fallo del Juzgado de Lo Penal número 1 de Gijón. En ella, la Audiencia no solo ratifica el dictamen, sino que lo rebaja aun más absolviendo de culpa al acusado. Según se refleja en el escrito de la Audiencia, la causa del atropello se debió a una pérdida de control del vehículo motivada por un exceso del inflado de las ruedas sin responsabilidad del acusado.

Un hecho con el que Mari Paz Artime no está muy de acuerdo «porque la realidad es que nadie realiza un sobreinflado de las ruedas hasta duplicar su presión sin más». Otra cuestión admitida por la Audiencia es que la velocidad en el tramo de la carretera donde tuvo lugar el suceso sí era la permitida. Es decir, que los vehículos podían circular a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. «O, en todo caso, debería siempre ajustarse a las condiciones de una vía repleta de viandantes con una señal vial de 60».

Es otra interpretación del tribunal que tampoco comparte la familia de Rebeca Rodríguez Artime, que defiende que esa velocidad «solo es aplicable en las vías con arcén y sin una acera como en la que se produjo el atropello con un montón de gente que se desplazaba a una fiesta».

Son argumentos que han convencido a la familia para elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional «y si es necesario ante la Unión Europea. No queremos dinero; solo pedimos un poco de justicia para poder esta tranquilos porque a mi hija no nos la van a devolver».

El largo proceso judicial, además, ha dejado una importante secuela en la salud de los demandantes. El asunto se inició en 2015, con una vista oral en la que se sentó en el banquillo de los acusados el conductor del vehículo que ocasionó la muerte de Rebeca.

Tras esa primera vista, el Juzgado de Lo Penal condenó al conductor a un año sin carné de conducir, más dos multas de 1.200 y de 600 euros. El juzgado calificó los hechos como «de imprudencia leve». Contra este fallo, la familia presentó un recurso ante la Audiencia Provincial que dictaminó que la primera sentencia no estaba debidamente motivada, devolviendo la causa al mismo tribunal.

Ahora la Sección Octava de la Audiencia Provincial admite que la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal sí estuvo suficientemente probada, dando por correcta la absolución del acusado. No obstante, como señalan los familiares, «éstos jueces no fueron los mismos que dictaminaron previamente que el primer fallo no estaba suficientemente justificado».