El Comercio

El alcalde, Jorge Suárez.
El alcalde, Jorge Suárez.

El juez obliga al gobierno de Gozón a facilitar al PP los informes de Aquagest

  • El alcalde rechazó la solicitud, apelando a la «confidencialidad», y la sentencia mantiene que se vulneraron los derechos de los ediles

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo obliga al gobierno local socialista de Gozón a facilitar los informes solicitados por el Partido Popular relacionados con el contrato de la gestión del agua en el concejo por la empresa Aquagest, un contrato que el equipo de gobierno quiere rescindir y para lo que ha encargado una serie de informes que los populares habían solicitado. Una resolución de la Alcaldía del 26 de junio pasado denegaba al PP esa documentación, alegando para ello la «confidencialidad» de su contenido.

También se amparó la Alcaldía en la «limitación» del derecho al acceso de archivos y registros administrativos para la averiguación de los delitos que señala la Constitución Española. Esta última consideración fue argumentada en base a que la documentación citada ya había sido entregada a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía, en el marco del proceso judicial que se lleva en los juzgados de lo Penal de Lugo. En esta causa, denominada 'caso Pokemon', está investigado el ahora portavoz del PP, Ramón Artime.

La negativa de la Alcaldía a entregar la documentación motivó que el PP recurriese a la vía jurídica. En su demanda se consideraba que la decisión del alcalde «vulnera» el derecho fundamental que tienen los concejales de acceder a los expedientes administrativos, algo que ahora ha quedado ratificado por el juez.

El magistrado razona que dichos documentos carecen de la «nota de confidencialidad que quiso otorgar» el equipo de gobierno. En cuanto a la condición de investigado del portavoz del PP, en el fallo se expone que esta circunstancia debe ser desestimada. Para ello, la sala remitió el informe al respecto de la magistrada del Juzgado número 1 de Lugo. Su respuesta fue que no se había adoptado ninguna medida cautelar sobre Ramón Artime, ni se había acordado secreto de sumario. Por lo tanto, no había ninguna limitación para acceder a los documentos solicitados por los populares.

Artime, tras conocer el fallo, señaló que «el alcalde cometió un error al obviar el derecho fundamental que nos ampara como concejales. Pero lo peor es que recurre a medios jurídicos externos para ello cuando se declara un defensor de la municipalización de unos servicios a los que no recurre para ello».

Ahora, el gobierno local que preside Jorge Suárez, que guarda silencio sobre el tema, deberá facilitar toda la información pedida por el Partido Popular.