El Comercio

Francisco González, ayer a las puertas del juzgado.
Francisco González, ayer a las puertas del juzgado. / LVA

«Si fuera prevaricación, también habrían prevaricado los interventores»

  • El exalcalde de Cudillero se enfrenta a nueve años de inhabilitación por la supuesta contratación irregular de auxiliares de policía local entre 2003 y 2008

Francisco González, exalcalde de Cudillero, se volvió a sentar ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés, en esta ocasión por un supuesto delito de prevaricación administrativa por el que se enfrenta a nueve años de inhabilitación y 24.000 euros de multa. Fiscalía y acusación particular, ejercida por el abogado Gabriel Giraudo, acusan al exacalde de la contratación irregular entre 2003 y 2008 de auxiliares de policía que, posteriormente y «sin procedimiento alguno de oferta de empleo público y sin respetar los derechos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», ingresaron en la plantilla.

En una vista en la que solo se tomó declaración a Francisco González, éste negó las acusaciones y aseguró que todo contaba con informes y avales de la Intervención y Tesorería municipal. «Muchos de ellos entraron por la Ley de Coordinación de Policías Locales de 2007. Creo que es un tema administrativo y no penal, pero no acepto ni siquiera que está mal gestionado administrativamente porque contaba con todos los informes favorables de los interventores. Si fuera prevaricación, ellos habrían prevaricado también. Estoy hasta las narices», declaró antes de entrar en sala.

En el interior, volvió a exponer el mismo argumento y negó tener relación alguna de amistad o familiar con los contratados. «Se hizo lo que dijeron los servicios jurídicos, se llevó a Pleno y nadie se opuso», argumentó. Confirmó, a preguntas de la acusación particular, que la plantilla de Policía Local contaba solo con dos agentes y explicó que se contrataba a auxiliares para reforzar la temporada de verano, en la que el concejo multiplica su población. «Era práctica habitual en todos los municipios costeros asturianos. Creamos una bolsa de empleo temporal y tirábamos de ella, todos los años era la misma gente», se extendió. Posteriormente, estos puestos de trabajo se consolidaron con la ley de 2007.

Para la Fiscalía, este procedimiento de selección «no fue todo lo limpio y transparente que debería», aunque puso en duda si este proceso debía ser juzgado por la vía penal, «yo sí lo creo», aclaró.

Giraudo atacó los argumentos ofrecidos por González en el plenario, respecto a que el procedimiento de contratación de estos auxiliares se llevaba haciendo desde la década de los noventa. «Eso es falso, porque las fechas de nacimiento de esos auxiliares van de 1973 a 1988. ¿Quiere decir que se contrataba a gente de doce años?», inquirió.

El caso quedó visto para sentencia.