El Ayuntamiento, obligado a retomar la licitación de derribo del chalé de Salinas

El proceso judicial en torno al chalé de Salinas, propiedad de José Aurelio Rivero, sigue enrocado y sin visos de solucionarse a corto plazo. Si hace unos meses el juzgado paralizaba la ejecución de la sentencia y pedía al Ayuntamiento que tramitara, si era posible, la legalización de la obra, ahora obligan al Consistorio a continuar con los trámites para licitar las obras de derribo del mismo.

Esta decisión ha sido tomada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, uno de los dos que lleva este caso. La juez ordena seguir adelante con la ejecución de la sentencia aunque deja la puerta abierta al estudio de la inejecución legal presentada por el Ayuntamiento hace semanas tras aprobar la legalización de la vivienda tras aplicarle el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

«Es un proceso largo pero que debemos retomar. Eso nos supondrá un retraso en la Oficina Técnica pero nos pondremos en ello. Esperemos que el segundo juzgado tome la misma decisión porque sino sí que sería un verdadero lío», explicó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero, que informó de la situación de este trámite al resto de grupos municipales en la comisión informativa de Urbanismo.

Los demandantes, propietarios de la vivienda colindante al chalé, han presentado ante el juzgado escritos mostrándose contrarios tanto a la legalización como a la inejecución legal pedida por el Consistorio. «Es normal, cada uno tiene una postura marcada. Desde el Ayuntamiento solo estamos cumpliendo con los pasos que se nos van pidiendo desde el juzgado, siempre avalados por informes técnicos y jurídicos», insistió Triguero.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a redactar el proyecto de demolición de los cuatro modificados hechos en la vivienda así como a correr con los gastos de la misma. Ya el año pasado se comenzó el proceso para sacar a licitación el derribo, que se haría de una sola vez para ahorrar costes. «Sea como sea, el que pierde es el Ayuntamiento porque ambas partes podrían reclamarnos una responsabilidad patrimonial, unos porque les hayamos tirado la casa y los otros por lo contrario si sucediera», concluyó la alcaldesa sobre este controvertido asunto.

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