El Comercio

El Ayuntamiento destina 264.000 euros a indemnizaciones por daños

La mayoría de los daños se reclaman por desperfectos en la calle.
La mayoría de los daños se reclaman por desperfectos en la calle. / J. P.
  • El presupuesto contempla un aumento de un 38,95% de la partida destinada a sufragar los gastos de las reclamaciones

El Ayuntamiento de Castrillón destinará este año 264.000 euros al pago de indemnizaciones por daños. Esta cuantía, que se reserva para hacer frente a las reclamaciones de vecinos o empresas por daños personales o materiales, ha aumentado este año un 38.5% respecto a la cantidad que se reservó el ejercicio pasado dentro del presupuesto municipal.

Este tipo de indemnizaciones suelen reclamarse, en su mayoría, por caídas o daños causados por desperfectos en la calle, atribuidos al Ayuntamiento. Aunque también se incluyen los daños en vehículos por ramas o vallas, al igual que aquellos que pudieran ser causados por los propios trabajadores municipales en el desempeño de su trabajo diario. A esta partida presupuestaria y hay que sumar la que se dedica al pago del seguro de de Responsabilidad Civil, Patrimonial, Patronal y Profesional del Ayuntamiento de Castrillón. En este caso se destinan 22.202 euros al pago del seguro, que se adjudicó por un plazo de un año a la aseguradora Allianz.

Con cargo a este seguro se podrían cargar aquellas indemnizaciones a las que tuviera que hacer frente el Consistorio por acciones u omisiones llevas a cabo en varias materias. Por ejemplo, en el caso del derribo del chalé de Salinas propiedad de José Aurelio Rivero, el Ayuntamiento, en caso de tener que hacer frente a una indemnización, podría pagarla con cargo a este seguro suscrito.

Por último, a los gastos jurídicos de representación del Consistorio en los diferentes procesos judiciales ascienden a 60.000 euros. De esta cantidad, la empresa adjudicataria encargada del servicio jurídico, Norabogados, cobra 29.025,48 euros después de hacerse con el contrato el año pasado tras presentar la mejor oferta económica al proceso de licitación, al que se habían presentado otras dos entidades jurídicas. A estos gastos hay que sumar las posibles tasas que se le imputaran al Ayuntamiento y otras tasas jurídicas que es necesario pagar por estar inmerso en procesos judiciales.

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