Admitida la querella de Rivero contra el vecino que persigue derribar su chalé

Vista del chalé objeto del litigio, sito en el número 22 de la calle Alejandro Casona de Salinas. / LVA
Vista del chalé objeto del litigio, sito en el número 22 de la calle Alejandro Casona de Salinas. / LVA

El Juzgado 3 de Avilés aprecia la posibilidad de que exista tráfico de influencias, tal y como sostiene la familia del exportero del Sporting

J. F. GALÁN SALINAS.

El Juzgado número 3 de Avilés ha admitido a trámite la querella por supuesto tráfico de influencias interpuesta por la familia Rivero, ex guardameta del Sporting, contra el demandante que dio pie a las sentencias que dictan la demolición parcial de su domicilio, un chalé de la calle Alejandro Casona de Salinas. Los denunciados son el vecino del chalé colindante y su esposa, magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la misma ante la que tuvo que interponer recursos que fueron rechazados, si bien se apartó de la causa por decisión propia y su puesto en el órgano colegiado fue ocupado posteriormente por otro magistrado.

El juez aprecia que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia» del referido delito y ordena abrir diligencias previas, entre ellas recabar las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía de Asturias que desembocaron en una orden de paralización de las obras de ampliación, cuya demolición se ordenaría después. Según recoge la querella, la Fiscalía actuó así influenciada por los denunciados, consiguió paralizarlas antes de que lo decretara el juez y «amedrentó tanto a la propiedad como al Ayuntamiento con la amenaza de que en caso de que no se paralizasen les denunciaría por desobediencia».

La familia Rivero contaba con todas las licencias necesarias para modificar su vivienda. A raíz de la denuncia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo las declaró nulas en base a que quebrantan la normativa municipal, en concreto una cláusula del (PGO) que impedía acometer obras de tal naturaleza una vez transcurridos ocho años desde su aprobación, como fue el caso. En consecuencia, resolvió restituir las obras a su estado anterior, es decir, demolerlas, cosa que según la familia Rivero implicaría derribar la vivienda entera.

Fines privados

La querella ahora admita a trámite sostiene que el denunciado, «aprovechando la influencia de su esposa, ha utilizado todos los mecanismos a su alcance, y los que en teoría no lo están, para adelantar expedientes o conseguir evitar que se dictaran determinadas resoluciones utilizando para ello la influencia de su esposa». Con tal propósito habría «utilizado diversos organismos públicos para fines puramente privados», presionándoles al objeto de que emitiesen las resoluciones administrativas y judiciales que dieron pie a la orden de demolición parcial. Además de la Fiscalía, tales presiones también se habrían ejercido contra el Ayuntamiento y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

En este último caso, afirma que «ha conseguido que funcionarios» de dicha comisión, integrada en la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, «acudiesen al Ayuntamiento sin expediente administrativo previo, sin orden de trabajo y sin incoación de procedimiento alguno a interesarse por el expediente de la querellante, e incluso visitas en la vivienda sin autorización alguna, amenazando con regresar con la policía». En cuanto al Ayuntamiento, las presiones irían encaminadas a que no presentase incidente de inejecución de la sentencia, cosa que finalmente hizo, según anunció en su día la alcaldesa, Yasmina Triguero.

La orden de demolición sigue viva. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo, el mismo que ordena la demolición, expresa en un reciente auto que «esta juzgadora comparte lo incomprensible que puede demoler algo que inmediatamente podría ser, de forma totalmente legal, construido de nuevo», dado que el Ayuntamiento ya ha suprimido la cláusula en la que se fundamenta la sentencia con ánimo de legalizar no solo la situación de la vivienda en cuestión, también la de otras que realizaron obras similares una vez transcurridos los ocho. La juez avala en su auto tal decisión, si bien añade que es «estéril para lograr la inejecución de la sentencia dictada».

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