Bueno atribuye al Gobierno local el cambio de convenio

Defiende su actuación en Quintanas de Chacón y califica de «totalmente falsas» las acusaciones del fiscal que le pide tres años y medio de prisión

J. F. GALÁN LAS VEGAS.

Enrique Bueno, ex concejal de Urbanismo de Corvera, de IU, asegura que el antiguo convenio de Quintanas de Chacón, en Las Vegas, fue abortado en base a un informe técnico negativo, que la decisión de sustituirlo por otro fue adoptada por el Gobierno municipal y que no obedece, como sostiene el fiscal Cabaleiro, a que el promotor se negase a pagarle 600.000 euros por una finca de su propiedad sita en el ámbito de actuación. También niega que el nuevo multiplique por 4,5 la edificabilidad de su propiedad.

«Todo es completamente falso», afirma en respuesta al escrito en el que Cabaleiro solicita que se le impongan tres años y medio de prisión y ocho de inhabilitación por delitos de cohecho y negociaciones prohibidas supuestamente perpetrados durante la tramitación de los convenios, del antiguo, que dibujaba más de trescientas viviendas, y del nuevo, que reduce la cifra a medio centenar. También pide un año de cárcel y cuatro de inhabilitación al secretario municipal, al que considera colaborador necesario.

Además del aumento de edificabilidad de la finca de la que es copropietario, el fiscal esgrime que el nuevo convenio, aprobado e incluido en el Plan de Ordenación Urbana, libraría al ex concejal de cargas que sí tendrían que soportar otros propietarios, que resultarían perjudicados. El escrito «está lleno de afirmaciones que no se ajustan a la realidad», resume Bueno, que de entrada niega tajantemente que pidiese al promotor la referida cantidad por la finca de la que es copropietario.

Niega que el nuevo le beneficie y que reclamase 600.000 euros al promotor

Sin superficie

En cuanto a la edificabilidad, «el señor Cabaleiro debería conocer que según la normativa municipal, que no fue modificada en el Plan, se necesita una superficie mínima de 160 metros cuadrados y mi vivienda tiene 120». El auto de la Audiencia Provincial que decreta la reapertura del caso, corrigiendo así la decisión de archivarlo tomada por el Juzgado Número 4 de Avilés, pone esta afirmación en tela de juicio y añade que «en cualquier caso tendría suficiente con comprar 40 metros cuadrados a un colindante».

El informe que según Bueno fue determinante a la hora de suspender el antiguo convenio «manifestaba que faltaban equipamientos públicos», motivo por el cual «solicité al promotor la cesión de cien plazas de garaje públicas y gratuitas para la población, cuestión que rechazó, lo que obligó al Gobierno a buscar una alternativa viable». La Audiencia califica tal petición de «inasumible para la promotora».

Bueno también rechaza que encargase a la empresa redactora del Plan una modificación del planeamiento para beneficiarle. «Esa cuestión no es cierta, ya que es por acuerdo del Gobierno municipal donde se decide que sea yo quien me dirija a la empresa para que realizase una propuesta de ordenación viable. Así que no fui yo quien tomó la decisión, sino el equipo de Gobierno, yo me limité a trasladarla», subraya. La empresa, Tecnia, «la elaboró sin que ni yo ni el Gobierno municipal interniviéramos en cómo y de qué manera debía quedar la zona, y así lo declararon los técnicos de Tecnia, cuestión que parece desconocer el Fiscal», añadió en referencia a las diligencias del Juzgado Número 4 que concluyeron con el archivo revocado por la Audiencia. A partir de ahí dicho juzgado emitió un auto que abre la puerta al juicio oral que ha sido recurrido por el secretario municipal y la fiscalía elevó su escrito de calificación antes de que dicho recurso se resolviese.

Bueno concluye que si hubiera dado luz verde al convenio original, el de las 300 viviendas, «con un informe desfavorable de la arquitecta municipal habríamos colaborado en un pelotazo urbanístico».

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