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SHEYLA GONZÁLEZ
SALINAS.
Martes, 12 de diciembre 2017, 00:37
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El derribo del chalé de Salinas, propiedad de José Aurelio Rivero, tendrá que esperar. Los responsables de la demolición acudieron ayer a la vivienda para realizar el acta de replanteo necesaria antes de comenzar la obra, pero no pudieron llevar a cabo su cometido, ya que los propietarios no se encontraban en el domicilio pese a estar avisados.
A primera hora de la mañana la arquitecta junto con el aparejador encargado y los jefes de obra de Copcisa se trasladaron al chalé, ubicado en la calle Alejandro Casona de Salinas. Junto a ellos acudió una patrulla de la Policía Local. Su estancia en el lugar fue muy breve, ya que advirtieron que no había nadie en el interior. Al no contar con la presencia de los dueños nada pudieron hacer. Esto hace que la demolición se demore en el tiempo, puesto que el siguiente paso será pedir una orden judicial que les permita entrar en la propiedad privada.
Para llegar a este punto han pasado varios meses, ya que el Ayuntamiento inició los trámites de la licitación pasado el mes de abril, cuando las sentencias judiciales le ordenaron ejecutar la demolición de las ampliaciones al considerar que se habían construido sin respetar el Plan de Ordenación Urbana. Estas sentencias obligaron al Consistorio a correr con los gastos de la obra y a realizar ellos mismos los proyectos de demolición, que tuvieron que ser presentados ante el juzgado.
Pese a estar presentados ante los tribunales que juzgan la causa, los proyectos de obra se han hecho en base a los planos presentados en el momento de la solicitud de licencias por parte de los propietarios por lo que el acta de replanteo es vital para conocer la realidad del inmueble de cara a la ejecución del derribo. «Puede que no todo esté igual que ponen los planos. Ahora todo se demora porque tenemos que esperar a la decisión del juez», explicó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero.
A su vez y de manera paralela, los propietarios del chalé presentaron en el registro municipal una solicitud de suspensión de la ejecución de la obra y un requerimiento para que se redacte el proyecto con las debidas garantías para la vivienda. «Es un paso lógico, ellos quieren asegurarse de que todo esté correcto antes de que se proceda al derribo que ya no tendrá marcha atrás», puntualizó Triguero.
Sea como fuere, el Ayuntamiento no puede paralizar la ejecución ya que iría contra las decisiones judiciales que expresamente se lo ordenaron en sendas sentencias. Es más, el Consistorio debe enviar un informe a los jueces con cada uno de los movimientos que se están dando en esta dirección para que no se entienda que la están obstaculizando. Se desconoce ahora cuánto tardará el juzgado en conceder la orden para entrar al interior del chalé para realizar el acta de replanteo con los responsables de Copcisa.
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