La deuda de Gozón con la Mancomunidad será fiscalizada

El PSOE de Carreño acepta la propuesta de que sea la Sindicatura de Cuentas quien solvente las diferencias de criterio entre los dos municipios

PEPE G.-PUMARINO CANDÁS.

El PSOE de Carreño aceptó la propuesta de sus homólogos de Gozón de que sea la Sindicatura de Cuentas del Principado quien emita un informe de fiscalización sobre la deuda real que acumula Gozón con la Mancomunidad del Cabo Peñas. Éste fue el acuerdo alcanzado en la Comisión de Servicios Generales celebrada anteayer. De esta manera, los dos gobiernos municipales dirimirán sus diferencias respecto a las aportaciones que los gozoniegos tienen pendientes con el órgano supramunicipal. En palabras del portavoz socialista carreñense, Gabriel Rodríguez, «esta Mancomunidad tiene dos socios. Si uno de ellos tiene dudas sobre las cuentas y así lo traslada expresamente votando en contra de la Cuenta General, lo prioritario es aclararlas cuanto antes y con carácter previo a adoptar ningún cambio». De ahí, que la postura de su partido para aceptar el relevo de la presidencia en la Mancomunidad pase por poner en claro esta cuestión económica.

En cuanto a las críticas del PP de Carreño en las que «señalan como autores de la crisis por la que atraviesa la unión de concejos a las diferencias entre los socialistas», Rodríguez evita polemizar. «La toma de decisiones sobre el futuro de la Mancomunidad implica al conjunto de grupos municipales que en ella participan. No vamos a entrar en una discusión con el PP que siempre ha visto al ente supramunicipal con cierto recelo. Pero lo que deberían hacer es dejar de mirar hacia otro lado, asumir la responsabilidad que tiene como parte de la Mancomunidad y aportar en la búsqueda de soluciones», afirmó.

En el últimos análisis elaborados por el Ayuntamiento de Gozón sobre la deuda, ésta se cifró en julio pasado en 107.869,91 euros. En dicho informe también se plantearon numerosos reparos respecto a la claridad de los movimientos contables y de algunas partidas económicas. Y todo ello sin poner en tela de juicio la legalidad de la contabilidad de cada uno de los municipios. De ahí, que ahora las partes hayan optado por que sea la Sindicatura de Cuentas la que diga a cuanto asciende la deuda.

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