Se enfrenta a dos años de cárcel por una construcción ilegal en Antromero

Se enfrenta a dos años de cárcel por una construcción ilegal en Antromero

El fiscal solicita una multa de 6.480 euros y la demolición de las edificaciones al tratarse de una finca no urbanizable

PEPE G.-PUMARINO LUANCO.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión para el acusado de levantar una edificación ilegal en Antromero. Además de la pena de cárcel, solicita una multa de 6.480 euros y que proceda a demoler la edificación para dejar la finca tal y como estaba antes de las obras.

El ministerio fiscal mantiene que el acusado es el propietario de una parcela clasificada, por el Texto Refundido del Plan General de Ordenación (PGOU) de Gozón, como suelo no urbanizable con la calificación de Costas y que se halla dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

Al parecer, según informa la Fiscalía, el día 9 de diciembre de 2011, el inculpado solicitó al Ayuntamiento de Gozón una licencia de cierre de su finca y le fue concedida en enero de 2012.

Dicha autorización estuvo sujeta a una serie de condiciones relativas a la altura máxima, materiales que tenía que emplear y distancias respecto de la vía o camino público. «Y, pese a tener conocimiento de ello, la propiedad procedió a cerrar su parcela sin observar la mitad de las condiciones impuestas. Las llevó a cabo siendo consciente de su ilegalidad», sostiene el fiscal.

Además, en un momento no determinado -pero en todo caso, entre los años 2013 y 2015-, «también levantó una construcción para fines residenciales, con cubierta a dos aguas de teja, una puerta principal de doble hoja y ventanas que dotan de luz y ventilación a la edificación y provista, en su fachada principal, de un porche con mobiliario».

Además -continúa la Fiscalía-, «contaba con otros elementos decorativos y, como anexo, una barbacoa; una construcción que hacía las funciones de caseta de aperos; una solera de hormigón y el asfaltado de una zona de la parcela.

Por todo ello, el ministerio público considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.

De ahí, que solicite para el acusado una condena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, dieciocho meses de multa con cuota diaria de 12 euros (6.480 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Pide además, otra inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio relacionado con la promoción o construcción de edificaciones durante dos años y el abono de las costas procesales. El juicio se celebrará hoy en el Juzgado de lo Penal número uno de Avilés.

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