El Fiscal pide que testifiquen cuatro ediles de 2013 por el caso de Quintanas

Pleno que aprobó el PGOU con el convenio de Quintanas. / LVA
Pleno que aprobó el PGOU con el convenio de Quintanas. / LVA

Son todos los portavoces municipales de la época en la que se aprobó el nuevo convenio salvo el del PSOE, actual alcalde, y Rafael Alonso

J. F. G. LAS VEGAS.

El Fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Cabaleiro, solicita en el escrito en el que pide la apertura de juicio oral contra Enrique Bueno, ex concejal de Urbanismo, de IU, y el secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, por el caso de Quintanas de Chacón que testifiquen todos los portavoces municipales que en 2013 participaron en el pleno en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana con la única excepción de Iván Fernández, actual alcalde y entonces portavoz socialista. Son Luis Solares (PP), Ana Belén Toro (USPC) y Teresa Domínguez, de Foro. También cita a Rafael Alonso, del PSOE, en aquella época concejal de Festejos e Interior.

Tal y como adelantó ayer este periódico, Cabaleiro reclama tres años y medio de prisión para Bueno, dos años y seis meses por cohecho y uno por negociaciones prohibidas, además de ocho de inhabilitación, cuatro por cada uno de los delitos que le atribuye, y 36 meses de multa, a razón de doce euros diarios. En el caso del secretario municipal, al que califica de cooperador necesario, la petición es de un año de prisión, dieciocho meses de multa por idéntico importe y cuatro de inhabilitación por negociaciones prohibidas.

El escrito se adapta al relato de la titular del Juzgado numero 4 en el auto en el que abre la puerta a la apertura de juicio oral. En él observa indicios de que, como mantiene el promotor del antiguo convenio que dibujaba más de 300 viviendas en Quintanas de Chacón, en el corazón de Las Vegas, Bueno vinculase su aprobación a que le pagase 600.000 euros, cuatro veces la cantidad que le ofertaba, por una finca sita en el área de actuación de la que es copropietario y de que a raíz de su negativa decidiese abortarlo y sustituirlo por otro que favorecía sus intereses y perjudicaba los de otros propietarios. El nuevo, a la postre aprobado, multiplica por 4,5 la edificabilidad de su finca a la vez que la libraría de cargas que sí tendrían que soportar otros propietarios y reduce a unas cincuenta el número de viviendas a construir.

El escrito de calificación ha sido emitido con anterioridad a que se resuelva el recurso presentado por el secretario municipal contra el auto que abre la puerta a juicio oral, sustentado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avala la participación de Bueno en el Pleno en que se aprobó el Plan. En este punto el Fiscal afirma, en sintonía con el auto del Juzgado Número 4 , que el entonces concejal de Urbanismo «incumplió su deber legal de abstención y votó favorablemente a la aprobación del Plan pese a que había indicado la modificación anterior en su propio y personal beneficio, cuestión que era conocida por el secretario municipal, pese a lo cual informó como si únicamente tuviese un interés general y difuso en el citado Plan».

Además de a los referidos concejales el fiscal también cita a declarar como testigos a personal de Tecnia, la empresa que redactó el Plan, a una arquitecta del órgano del Principado que le dio luz verde y a varios testigos que ratifican que, como defiende el promotor del antiguo convenio, Bueno le habría reclamado 600.000 euros por su finca.

Reacciones

Enrique Bueno no respondió ayer ninguna de las llamadas realizadas por este periódico para recabar posibles declaraciones. Sí lo hizo el secretario municipal, aunque declinó realizar manifestaciones, idéntica actitud a la que mantuvieron Belén Toro y el alcalde, Iván Fernández, en este caso argumentado que tiene por norma no hablar sobre procedimientos judiciales en curso.

Rafael Alonso declinó cualquier responsabilidad personal o de su partido en base a que el pacto PSOE-IU que en 2013 sustentaba el gobierno local «establecía que la responsabilidad en Urbanismo recaía únicamente en IU. Nosotros no participamos en el convenio», dijo, criterio que no es compartido por Teresa Domínguez. Según la portavoz de Foro el ahora alcalde, Iván Fernández, «defendió en aquel Pleno la postura de IU. Ambos partidos formaban un equipo de gobierno y no es de recibo que quien ha consentido que Quintanas de Chacón siga sumido en la más absoluta degradación diga ahora que no sabe nada. El alcalde tiene que asumir su responsabilidad política», reclamó.

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