La Fiscalía archiva la denuncia contra el Ministerio por los ruidos en Trasona

La Fiscalía argumenta su decisión en que «no es la jurisdicción penal la competente para tal control administrativo, puesto que salvo que se aporten pruebas o indicios de que tal inactividad obedece única y exclusivamente a la voluntad arbitraria y dolosa de los responsables municipales o ministeriales, no existe indicio alguno de ilicitud penal en la inactividad administrativa. Así, tratándose de potestad presupuestaria, siempre se podría alegar escasez de recursos, de forma que, siendo obligado establecer criterios de prioridad en los fines públicos, corresponde en cada caso a los representantes políticos su concreción en los presupuestos».

A partir de ahí la Fiscalía matiza que la falta de transcendencia penal «no quiere decir que los ciudadanos se encuentren al arbitrio de la voluntad política como única vía de solucionar lo que, sin duda alguna, es una fuente de perturbación en su tranquilidad domiciliaria. En tal sentido, se puede acudir a la jurisdicción ordinaria para hacer valer tal declaración de intromisión, lo que puede dar lugar a una sentencia que imponga a la administración competente el deber de cesar la causa de tal intromisión».

Es la dirección que, según anunció ayer el alcalde, tomará el Ayuntamiento. La decisión de la Fiscalía «no nos quita la razón, todo lo contrario, nos refuerza, y vamos a seguir adelante. Nos anima a acudir a los Juzgados ordinarios y señala que la penal no es la única vía de solución». También apela a las alusiones a la «complejidad del asunto» que recoge el escrito en base a que, penalmente, el autor del supuesto delito «serían los vehículos que circulan por la autopista».

El alcalde valoró por último que las diligencias de la Fiscalía «refuerzan nuestra tesis» y anunció que si se agotase la vía penal emprendería la administrativa.