El juez prorroga la instrucción por la muerte del niño en la granja de Soto para realizar más pruebas

La Guardia Civil, a las puertas de la granja el 25 de julio. /  MARIETA
La Guardia Civil, a las puertas de la granja el 25 de julio. / MARIETA

Las diligencias se extenderán otro año y medio, aunque no será necesario agotar el plazo si las gestiones llegan antes a buen término

C. R. AVILÉS.

Los seis meses máximos pautados por ley para instruir cualquier causa judicial no han sido suficientes en la investigación de la muerte del niño Izan Álvarez en la granja escuela de Riberas (Soto del Barco) el pasado 25 de julio. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Pravia ha ampliado otros dieciocho meses el periodo de instrucción con vistas a incorporar los resultados de pruebas aún sin practicar y otra serie de documentación pendiente. Este periodo de año y medio es el plazo máximo, que no será necesario agotar si las distintas gestiones llegan antes a buen término.

El fatal accidente en la piscina de la granja escuela Palacio de Bouza ensombreció el pasado verano y golpeó muy intensamente a la zona del Bajo Nalón. Izan Álvarez, de cinco años de edad y vecino de Pravia, se encontraba disfrutando en las instalaciones de la jornada estival cuando, por motivos que trata de aclarar la investigación, falleció ahogado en la piscina.

A pesar de que la instrucción del caso se ha llevado con la máxima discreción, han trascendido algunas pesquisas sobre la misma. Como, por ejemplo, si la granja escuela tenía licencia de apertura y seguro de responsabilidad civil. En ambos casos parece ser que no era así.

Otro de los aspectos centrales será si la piscina tenía obligación de contar con socorrista. Con la normativa autonómica en la mano, sí. Esta es una de las irregularidades detectadas por la Guardia Civil, junto con la escasa calificación del personal. Al parecer, una de las monitoras que atendía al grupo de niños estaba en prácticas.

La ley indica que hasta 1,60 metros de profundidad no es necesario que las instalaciones cuenten con este personal especializado en salvamento. Además, Izan Álvarez formaba parte de un grupo de 17 niños, que durante la actividad en la piscina estaban bajo el control de dos monitoras, una de ellas en prácticas. La normativa obliga a contar con una persona con diploma de actividades de tiempo libre por cada diez niños, de ahí que existan dudas sobre si las que están en prácticas computan o no como monitores titulados. Durante esa jornada en la granja escuela había un total de noventa menores participando en diferentes actividades. Según trascendió en un primer momento, las monitoras reconocieron ante la Guardia Civil que no sabían cómo el menor había acabado en la piscina.

La granja escuela permanece cerrada desde que ocurrió el suceso.

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