El juzgado obliga a Gozón a pagar 250.000 euros por el plan urbanístico de La Arena

La sentencia, notificada al equipo de gobierno a finales del pasado mes de febrero, establece que el Consistorio es el responsable subsidiario de esta operación urbanística, a la vez que insta a la administración local a que localice a la empresa promotora, Hormasprom S.A., para que asuma esta reclamación. Una petición que no le vale al Ayuntamiento, tras comprobar que esta sociedad no mantiene actividad alguna desde hace diez años pese a figurar todavía en el Registro de la Propiedad desde 2008. A esta circunstancia, se une que sobre esta promotora inmobiliaria pesan un total de ocho hipotecas pendientes sobre sus propiedades.

En palabras del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, «de este asunto lo desconocía todo hasta que tuve conocimiento a través de la letrada de la Mancomunidad, cuando ella se jubiló. Entonces me dijo que no había muchas posibilidades de seguir recurriendo y que su consejo es que se abonase la cuantía fijada por el juzgado para evitar un incremento mayor de los intereses de demora».

Los hechos de este ambicioso plan urbanístico se remontan a febrero de 2004, cuando el Pleno de Gozón aprobó un convenio con la promotora Hormasprom. Dicho acuerdo contemplaba el compromiso de abonar 480.000 euros al Ayuntamiento en dos fases para llevar a cabo la construcción de 480 viviendas en unos terrenos ubicados en el extrarradio de Luanco. En 2005, el proyecto se paraliza tras surgir problemas con las propiedades afectadas, algunas de ellas sujetas a opciones de compra por parte de intermediarios. Y fue ésta la principal causa que propició la paralización del plan, pese a los esfuerzos del gobierno del PP de entonces porque se llevase a cabo. El primer obstáculo al que tuvo que hacer frente fue la solicitud de la sociedad promotora de que le fueran ingresados los 240.000 euros aportados con la firma del convenio con el Ayuntamiento.

Más tarde, en 2009, el gobierno del PP se enfrentó al rechazo del PSOE y a la recalificación de los terrenos apelando a la CUOTA, que más tarde puso objeciones al proyecto al precisar una serie de informes de tipo medioambiental. Esta petición no fue suficiente para seguir adelante con el plan y en 2009 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dio la razón al Ayuntamiento, que se amparó en la figura legal del silencio administrativo para autorizar el desarrollo del proyecto. Esta resolución judicial le valió al PP para levantar la paralización del proyecto y no tener que reintegrar a los promotores inmobiliarios los 240.000 euros aportados que ya habían sido gastados. Transcurridos ahora catorce años, la situación sigue igual con un suelo sin edificar y con reclamaciones judiciales de los propietarios de los terrenos.