Piden dos años de cárcel para dos empresarios de la construcción por defraudar 133.000 euros

La Fiscalía solicita la devolución de la cuantía, que habrían eludido de pagar en concepto de IVA en el ejercicio de 2007

S. G. NUBLEDO.

Dos empresarios corveranos de la construcción van hoy a juicio acusados de defraudar más de 130.000 euros a Hacienda. Para ellos la Fiscalía pide una pena individual de dos años de cárcel más una multa por el mismo importe que no abonaron en su día.

Los acusados eran administradores de una empresa constituida en el año 2000 en Cancienes y cuyo objeto social era la negociación, promoción, construcción, explotación y venta de todo tipo de bienes inmuebles. Cinco años después se nombró como administrador único de esa empresa a una segunda compañía, en la que los acusados se sucedieron a su vez como administradores.

Según la Fiscalía, los procesados eludieron en 2007 el pago de una cuota tributaria por el IVA de 133.768 euros. Sostiene que, en el ejercicio de sus funciones como administradores de la sociedad, los dos empresarios procedieron a presentar las correspondientes declaraciones del IVA del año 2007. El primero de ellos habría presentado la declaración los tres primeros trimestres del año, mientras que el segundo lo hizo por la totalidad del ejercicio, por lo que se les considera a ambos responsables de haber defraudado el dinero.

El Ministerio considera que los hechos cometidos, hace ahora diez años, son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305.1 del Código Penal. Es por eso que solicita al juzgado avilesino que imponga, a cada acusado, una pena de dos años de prisión junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que se les imponga una multa por el mismo valor del importe defraudado. La Fiscalía añade que la multa conllevará responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada mil euros no satisfechos, la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de cuatro años. A estas cuantías se suma el pago de las costas del juicio, que la Fiscalía pide que sufraguen a partes iguales cada uno de los acusados.

Indemnización a Hacienda

El Ministerio reclama a su vez una indemnización a Hacienda por igual cuantía a la que se suman los intereses legales. En este caso, la cantidad deberá ser abonada, de forma directa, por la empresa gestionada por los acusados y, de forma subsidiaria, por la empresa de construcción corverana que ambos administraban. La vista oral está señalada para hoy a las once de la mañana y en ella deberán comparecer ambos acusados.

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