Rivero acusa de «tráfico de influencias» al vecino que persigue derribar su chalé

El chalé, en el número 22 de la calle Alejandro Casona de Salinas.

El propietario señala en su querella que presiona a organismos públicos «aprovechando la influencia de su esposa», magistrada del TSJA

J. F. GALÁN SALINAS.

La familia Rivero se querella contra el demandante que dio pie a las sentencias que dictan la demolición parcial de su domicilio, un chalé situado en el número 22 de la calle Alejandro Casona de Salinas. Es un vecino de un chalé colindante, «Guillermo Estrada Sarmiento, esposo de María José Margareto», magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la misma ante la que tuvo que interponer recursos que fueron rechazados, si bien se apartó de la causa por decisión propia y su puesto en el órgano colegiado fue ocupado por otro magistrado.

Le acusa de tráfico de influencias, de utilizar, «aprovechando la influencia de su esposa, diversos organismos públicos para fines puramente privados», de «presionarles» al objeto de que emitiesen las resoluciones administrativas y judiciales que dieron pie a la orden de demolición parcial. Tales presiones se habrían ejercido contra el Ayuntamiento, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y la Fiscalía de Asturias, según sostiene la familia Rivero, que con esta decisión da un giro en la batalla judicial que mantiene desde hace años para evitar la ejecución de la sentencia, que a su juicio supondría en la práctica la demolición de la vivienda, no solo de partes de ella.

El sujeto de las resoluciones judiciales es el propio Ayuntamiento, que concedió todas las licencias necesarias para acometer una serie de modificaciones en el inmueble quebrantando un apartado de su propia normativa, una cláusula del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) que impedía acometer obras de tal naturaleza una vez transcurridos ocho años desde su aprobación, como fue el caso. Una vez conocida la sentencia la suprimió con ánimo de legalizar no solo la situación del chalé en cuestión, también la de otras viviendas del concejo que realizaron obras similares una vez transcurridos los ocho años y que por tanto son susceptibles de ser objeto de una resolución similar, siempre y cuando alguien inicie el proceso judicial.

La familia Rivero sostiene que Margareto «es parte interesada en el caso de la vivienda que se pretende demoler y tiene interés directo en temas relacionados con el Ayuntamiento de Castrillón, donde ha juzgado en contra numerosos contenciosos». Según la querella, las presiones que habría ejercido el demandado contra el Consistorio irían encaminadas a que no presentase incidente de inejecución de la sentencia, cosa que finalmente hizo, según anunció en su día la alcaldesa, Yasmina Triguero. Estrada Sarmiento también alegó la decisión municipal de suprimir la norma que impedía modificar inmuebles una vez transcurrido el referido plazo.

En el caso de la CUOTA, sostiene que «ha conseguido que funcionarios» de dicha comisión, integrada en la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, «acudiesen al Ayuntamiento sin expediente administrativo previo, sin orden de trabajo y sin incoación de procedimiento alguno a interesarse por el expediente de la querellante, e incluso visitas en la vivienda sin autorización alguna, amenazando con regresar con la policía».

En cuanto a la Fiscalía de Asturias, «ha conseguido que miembros del Ministerio Fiscal incoasen diligencias de investigación para que se paralizasen las obras con la amenaza, tanto a los propietarios como al Ayuntamiento, de que en caso de no hacerlo les denunciaría por desobediencia». La querella concluye que Estrada Sarmiento «ha utilizado todos los mecanismos a su alcance, y los que en teoría no lo están, para adelantar expedientes o conseguir evitar que se dictaran determinadas resoluciones utilizando para ello la influencia de su esposa», magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Asturias.

En un escrito dirigido a este periódico en marzo de 2015, el TSJA afirmaba que las sentencias «son resultado de unos recursos que no fueron interpuestos contra un particular, sino contra unas actuaciones administrativas del Ayuntamiento de Castrillón» y que la magistrada no participó «en ningún momento en la tramitación de los recursos de apelación».

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