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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Domingo, 10 de junio 2018, 04:00
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La obligación de que sean funcionarios habilitados nacionales quienes sustituyan al vecino-secretario puso en pie de guerra a todas las parroquias rurales del país, destacando especialmente en Castilla y León, que cuenta con 2.449 entidades inferiores al municipio. Para aplacar la marejada, el Ministerio de Hacienda dirigió una carta al gobierno autonómico vecino indicando que, pese a lo que recoge la norma, interpreta que adaptarse a la misma no será obligatorio hasta la próxima legislatura. Conociendo la misiva, la Federación de Parroquias Rurales de Asturias hizo la misma consulta. «La carta nos dice eso y que debe ser la comunidad autónoma quien ponga los medios», informa el secretario de la entidad, José Manuel García.
Los técnicos tienen dudas sobre la seguridad jurídica de esa misiva. Las comunidades autónomas tienen las competencias para mantener la disciplina en las entidades menores, y que si dan por bueno el criterio del ministerio lo aplicarán, pero «si alguien impugna un acuerdo el juez tiene claro que la norma tiene un rango muy superior a una simple carta; habría que publicar ese criterio en el boletín oficial».
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