Muñiz tenía empresas «para aparentar una concurrencia» ficticia

La Audiencia asume parte del criterio de la fiscal, si bien descarta como prueba del delito algunos de los expedientes de contratación que señalaba y, sobre todo, desmenuza una irregularidad que estaba más apuntada en los escritos de calificación de la acusación popular ejercida por Avall. Se trata de la contabilidad B llevada por Igrafo, y que también identifica en APSA, si bien no la describe así.

Un ejemplo de ésta serían los cerca de 198.000 euros facturados por Igrafo a Cultura por el inexistente centro de Belén de la Montaña. Marta Renedo «promovía la adjudicación de material homologado que se pagaba sin que existiera prestación alguna de bienes y servicios», como ocurrió en ese caso y en el de una supuesta inversión en San Julián de Bimenes. «La acusada y Víctor Manuel retroalimentaban una práctica según la cual aquella promovía adjudicaciones de material homologado a las empresas de Víctor con emisión de facturas cuyo pago se anticipaba sin correlativa prestación de los bienes y servicios facturados y sin que posteriormente se suministraran los bienes y servicios».

El dinero salía del circuito de controles legales, y Muñiz lo anotaba en su contabilidad B. Son fondos que luego usaba para financiar «liberalidades» a Renedo, Otero y Riopedre, se explicó ayer. El problema es que los documentos incautados en la sede de la compañía y en los que se detalla esa financiación paralela, situaban junto a los nombres de estos tres condenados, los de decenas de altos cargos, funcionarios o dirigentes de partidos. Son anotaciones en los que la investigación no profundizó. Para lograr esa recaudación, la Audiencia señala que Muñiz utilizó «varias empresas, todas de igual o parecido objeto social». También las usaba «para aparentar una concurrencia que no era tal».

Fotos

Vídeos