El Comercio

El Principado rechaza la mina de Salave

Manifestación contra la mina de oro en el entorno de los lagos de Salave en mayo de 2013.
Manifestación contra la mina de oro en el entorno de los lagos de Salave en mayo de 2013. / I. GÓMEZ
  • La minera, que estudiará acciones legales, reitera la sostenibilidad del proyecto y niega que el informe del organismo de cuenca sea vinculante

La tramitación del proyecto minero que ha defendido en los últimos años la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) ha llegado a su fin. La Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA) acordó ayer informar de forma desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental de la propuesta presentada para extraer el oro de Salave, una decisión que bloquea toda la explotación.

La resolución de la CAMA, que se hará oficial en unos días a través del BOPA, se sustenta en los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que ha mantenido sus advertencias sobre el impacto de la mina en los recursos hídricos desde 2012, cuando se otorgó autorización ambiental para la galería de explotación pero no para la planta de tratamiento de minerales y el depósito de estériles. Esta vez, los criterios del organismo de cuenca «han sido determinantes», admitió el Principado.

La consejera de Medio Ambiente y presidenta de la CAMA, Belén Fernández, explicó a ese respecto que «ante unos informes tan rotundos en el rechazo al proyecto minero, los servicios técnicos, en aplicación del principio medioambiental de precaución y cautela, han propuesto una declaración desfavorable para el conjunto del proyecto». Esa interpretación explica el acuerdo unánime del órgano ambiental, en el que también tomaron parte 9 directores generales del Ejecutivo regional, un representante de la Delegación del Gobierno y una técnica de la Comisaría de Aguas de la CHC.

El Principado recalcó la mención «al principio de derecho medioambiental de 'cautela y precaución'» ya que, según indicó, el expediente recoge documentación «con conclusiones discrepantes a las de la Confederación Hidrográfica», a quien correspondería autorizar vertidos y depósitos mineros en caso de abrirse la explotación. Esto es «otra circunstancia que realza aún más la necesidad de atender a la posición de la Confederación», anota la administración autonómica, que destaca las «notables mejoras ambientales introducidas por la empresa durante este proceso».

De hecho, «nos hubiera gustado que este proceso concluyese de otra manera, con una mina ambientalmente ejemplar y creadora de empleo, que contase con los parabienes de todos los organismos públicos, pero no ha sido posible», lamentó la consejera.

La decisión de la CAMA ha suscitado una «gran decepción» en el seno de la compañía, que ayer reiteró que el proyecto es «claramente sostenible desde el punto de vista medioambiental» y que el informe negativo de la CHC «no es vinculante para la resolución». Recordó, además, que un estudio del Instituto Geológico y Minero de España no detectó «ninguna afección significativa que no pudiese ser paliada con las oportunas medidas correctoras de las que la ingeniería actual dispone sobradamente» y aseguró que las alternativas sugeridas en su día por el organismo de cuenca para ubicar las instalaciones mineras «no soportan el mínimo análisis desde el punto de vista legal, medioambiental y urbanístico».

Con todo, la empresa debe actuar ahora en consonancia con la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. Ayer, tan solo avanzó que esperará a conocer los detalles de la resolución y que «analizará la nueva situación, así como las perspectivas de los mercados de minerales y las necesarias disponibilidades financieras, sin perjuicio del recurso al ejercicio de los derechos legales que puedan corresponderle».

Esto podría apuntar a reclamaciones patrimoniales por las inversiones llevadas a cabo, que la empresa cifra en 20 millones de dólares, y que «no han sido suficientes para responder a las legítimas expectativas profesionales de las, aproximadamente, 12.000 familias que percibían esta iniciativa como única opción laboral en una comarca azotada como pocas por la crisis».

A esto se refirió también el alcalde de Tapia, Enrique Fernández (PP), que dijo respetar la decisión, pero «dada la situación de la zona y de Tapia en particular, tengo que lamentarla por el impacto en el empleo, aunque sí hay que preservar el entorno natural».