El Comercio

El oro se queda bajo los lagos de Salave

Una de las pancartas contrarias a la mina de oro colocada en el entorno de los lagos de Silva.
Una de las pancartas contrarias a la mina de oro colocada en el entorno de los lagos de Silva. / LUIS SEVILLA
  • El Principado publica la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable a la explotación aurífera entre las críticas de la compañía promotora a las administraciones

Los planes de explotación del oro de Salave entran en una nueva fase. El Boletín Oficial del Principado publicó ayer la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable al proyecto que la compañía Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) ha defendido desde 2011. En ese tiempo, la propuesta ha sido contestada desde diversos frentes, como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), cuyo criterio ha sido determinante para la resolución ambiental, cuyo dictamen negativo se hacía público a finales de 2014.

Según el detalle del documento, conocido ayer, de los informes del organismo de cuenca «resulta que no se han evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas, que el proyecto causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medioambiente y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación».

También se hace constar el desacuerdo de la empresa, que acusa a la CHC de «no identificar impactos ambientales críticos», de no concretar incumplimientos normativos y de no proponer medidas correctoras. Se trata de un análisis inicial en el que la minera profundizará con los detalles de la declaración ambiental. Según anunció en diciembre, al conocerse el rechazo al proyecto, esa resolución orientará futuras acciones de la compañía, que podrían incluir una reclamación patrimonial millonaria al Principado.

Casi 1.200 alegaciones

Presunta fragmentación y cambios en el proyecto

La compleja tramitación de un proyecto destinado a explotar el mayor yacimiento aurífero de Europa occidental ha estado teñida por las dudas sobre su legalidad. En 2012 se sometió por primera vez a información pública. El proceso concluyó con una Declaración de Impacto Ambiental favorable -ahora invalidada- para la galería de explotación de 2,7 kilómetros y las instalaciones imprescindibles para su actividad. La postura contraria de la CHC obligó a la empresa a descartar el tratamiento con cianuro y a reducir el depósito de residuos. Estas medidas las reflejó en un estudio que presentó en diciembre de 2013 y que fue sometido a examen público entre advertencias de una ilegal fragmentación del proyecto. En esta fase se presentaron 823 alegaciones y la CHC advirtió de posibles afecciones a los recursos hídricos. En julio, la empresa presentó un nuevo documento de alternativas que la Dirección General de Minería sacó a información pública en agosto. Descartó que incorporase modificaciones sustanciales al proyecto y adjuntó un informe en el que se recogen conclusiones de un trabajo del Instituto Geológico y Minero de España que contradice a la CHC. Solo en esta fase se recibieron 356 alegaciones. La mayoría inciden en presuntas irregularidades en la tramitación, tanto por la fragmentación de la iniciativa como por los modificados.

Incluso la CHC remarcó esos extremos, lo que llevó al Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo de la Consejería de Economía a informar en noviembre de que en la tramitación seguida «siempre ha quedado garantizada la mayor transparencia y no ha existido una vulneración de la legislación aplicable a la evaluación ambiental». La resolución publicada ayer recoge que también se insistió en la ausencia de modificaciones, ya que el documento presentado en 2013 «se limitaba a incluir una serie de mejoras ambientales y la finalidad era que pudiese formularse una nueva DIA respecto al proyecto presentado en su conjunto».

Postura del Ejecutivo

Piden la dimisión de Belén Fernández y Graciano Torre

Para los detractores del proyecto, como los grupos ecologistas, esos polémicos procesos han sido oportunidades de gracia concedidas a la empresa para sacar adelante su proyecto. De hecho, las insinuaciones de tratos de favor son reiteradas. La última la profirió ayer mismo la Coordinadora Ecoloxista.

En la resolución de ayer se expone que la Dirección General de Minería, en octubre, consultó a la CHC sobre «si en el supuesto de que el proyecto contemplara expresamente la ejecución de un emisario terrestre y submarino se retirarían los reparos planteados». Para el grupo conservacionista, es un reconocimiento de que «se maniobró para intentar colar el proyecto con una nueva variante más peligrosa» para la emisión de vertidos.

Esto, continúa el colectivo, «da idea de la vinculación de la minera con la administración competente, lo que desacredita una vez más la imparcialidad de la Consejería de Economía». Por eso, consideran que Belén Fernández y Graciano Torre, titulares de Medio Ambiente y Economía, deben dimitir.

Sustancias contaminantes

La CHC detecta riesgos no consignados por la minera

La construcción de un emisario para el vertido de las aguas residuales al mar es una alternativa que «se describe someramente» en el proyecto, por lo que apenas recibe la atención de la CHC, que sí profundiza en otros aspectos. Así, por ejemplo, considera que la actividad minera dañará las lagunas de Silva y sostiene que «las medidas correctoras para reducir el impacto sobre el dominio público hidráulico no se han desarrollado ni estudiado con el grado de detalle necesario».

Apunta también que no es posible considerar que «las medidas propuestas sean suficientes para garantizar que no se puedan producir afecciones graves en caso de funcionamiento anómalo de cualquiera de las instalaciones, lo que podría provocar un vertido accidental de aguas con elevada carga contaminante».

La presencia de esas sustancias contaminantes, tanto en las aguas como en los residuos sólidos, es una constante en el informe de la CHC. Por ejemplo, advierte de que los materiales procedentes de la excavación de la galería, con carga tóxica, tienen un «gran potencial de movilidad por efecto de las escorrentías pluviales» o de que el almacenamiento de agua utilizada en la explotación para su posterior empleo en la planta de tratamiento puede rebosar y contaminar el río Muria.

También aprecia deficiencias en la impermeabilización del depósito de residuos, lo que produciría filtraciones de sustancias contaminantes como el arsénico, con alta presencia en el yacimiento. De hecho, la CHC estima que, dado el volumen de material que se preveía extraer de la galería, «la cantidad neta de arsénico movilizado y el consiguiente incremento de sus niveles tanto en aguas superficiales como subterráneas serían muy elevados».

Inversión y empleo

«La Confederación se ha extralimitado», dice EMC

Ante estos informes, Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) planteó que el organismo de cuenca no trasladaba al Principado «la información necesaria que le permita motivar suficiente y razonablemente, de forma no arbitraria» su proyecto, según recoge el cuerpo de la DIA.

Incide en la falta de concreción de sus críticas, lamenta la falta de aportaciones al epígrafe de medidas correctoras y cree que «se ha extralimitado en sus competencias dentro del trámite de evaluación de impacto ambiental, queriendo adelantar a esta etapa el trámite de autorización de vertido y requiriendo informaciones con elevado detalle no requeridas legalmente a otros proyectos industriales u obras similares».

De acuerdo o no con la postura de la empresa, el Principado apeló a «los principios de cautela y acción preventiva» que inspiran el Derecho Comunitario para asegurar la protección al medioambiente y cercenar un proyecto que, según la empresa, tendría «un impacto positivo para el desarrollo local y regional por la creación de empleo y aumento de la actividad económica». En concreto, estimaba la creación de 590 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción de lamina y de 230 durante la fase de producción, que podría alcanzar los diez años.

Además, entendía que tendría un impacto «reducido» en otros sectores, como el primario o el turismo, algo que fue muy contestado por los detractores de la explotación aurífera.