El jefe de la Policía Local de Cudillero pide 419.000 euros por daños morales

El letrado del jefe de la Policía Local de Cudillero, Iván Flórez, ha pedido hoy una indemnización de 419.000 euros de resarcimiento moral a los ex alcaldes de su municipio Francisco González y Gabriel López por la comisión de un presunto delito de prevaricación.

"Estas dos personas (los dos ex ediles) me han destrozado la vida, nunca hasta entonces tenía que medicarme, han puesto a todo el pueblo en contra mía, han acosado a mi familia y el alcalde no permitía a los trabajadores que me hablaran", ha declarado Flórez contiendo la emoción ante la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, Olga Vara, que instruye la causa.

La fiscalía, que pide para ambos políticos una pena de nueve años de inhabilitación de empleo y cargo público, sostiene que González movido bajo un ánimo de "perjudicar" al agente dictó el 17 de septiembre de 2009 un decreto por el que ordenaba incoar expediente disciplinario contra Flórez por un presunto incumplimiento relacionado con el traslado y depósito en la oficina de correos local de la correspondencia certificada del Ayuntamiento.

En el decreto se aducía de forma concreta que, por motivo de ese incumplimiento, se había perdido una subvención de unos 99.000 euros de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras por la presentación de la solicitud fuera de plazo.

En el mismo se acordaba como medida provisional la suspensión temporal del funcionario expedientado.

Tanto para el Ministerio Fiscal, como para el abogado del agente, Gabriel Giraudo, quedó probada la inconsistencia del expediente ya que incluso el Principado reconoció finalmente que la petición de subvención estaba dentro de plazo y así lo trasladó por escrito el 5 de octubre de 2009.

Giraudo acusó a Francisco González de haber retenido a propósito ese documento durante todos estos años.

La Fiscalía también mantiene que el Francisco González sabía que la solicitud de subvención denegada había sido presentada en plazo.

Según el Ministerio Público, González nombró instructor del expediente disciplinario al entonces concejal Gabriel López, quien "actuó en el expediente siguiendo sus instrucciones, contrarias a Derecho".

El escrito detalla que el ex concejal, que más adelante llegó a ocupar el sillón de la Alcaldía, adoptó a lo largo del procedimiento disciplinario varias decisiones que "causaron indefensión al sargento y que suponían un quebranto de las reglas de juego o garantías exigibles en el expediente disciplinario".

En una ocasión, señala la Fiscalía, el propio Gabriel López impidió al sargento de policía acudir con su abogado a una vista para tratar el expediente en el Ayuntamiento y le dijo que no entrara a la reunión con su letrado, tras pedir asesoramiento al gabinete de abogados contratado por el Ayuntamiento y comprobar que no había nada regulado a ese respecto.

En su declaración, Flórez ha asegurado que se cumplía regularmente la orden verbal de llevar diariamente la correspondencia a Correos, pero que ese día él no estaba de servicio.

Se llevaba todos los días el correo, aunque no fuera una función propia del cuerpo de policía, como también se le entregaban los periódicos diarios en su domicilio particular al ex alcalde Francisco González, ha declarado el policía.

Flórez relató cómo era vigilado "y acosado" por agentes de la Policía de Cudillero en su domicilio particular de Oviedo hasta el punto de que los vecinos le preguntaron si había algún problema de seguridad y se vio obligado a llevar el asunto ante la Delegación del Gobierno y a otras instancias.

Por su parte, los abogados de los dos políticos han pedido que el juicio se centrara en el proceso administrativo concreto y han recalcado que en ese aspecto, en ningún momento se cometió ni delito, ni tan siquiera un hecho reprochable.

Ante la jueza declararon como testigos una policía local, que confirmó que le correo se enviaba con normalidad, salvo alguna excepción en al que había algo más relevante que atender; el letrado que formó parte del proceso del expediente, un ex concejal socialista, y dos ex altos funcionarios.

Oídas todas las partes, y tras más de cuatro horas de sesión, la magistrada dejó listo para sentencia el caso.

Los 419.000 euros de resarcimiento moral se piden al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario y a los dos políticos que, como han declarado ante la jueza, actualmente están en el paro.

González ha declarado que en todo momento actuó de buena fe y ha recalcado que mientras Iván Flórez está trabajando tanto él como como el otro acusado se encuentran en el paro y ha indicado que "a nadie se le pide medio millón de euros, ni a Rato".