El Comercio

«El Principado nos trata como enemigos, que viva el oso y muera el ganadero»

  • Los dueños de terreno en Fuentes del Narcea instan al Principado a rectificar tras los nuevos fallos que avalan la nulidad del plan de gestión del parque

Contentos de que de nuevo la Justicia les dé la razón y anule el Instrumento de Gestión Integrado (IGI), los propietarios de los terrenos comprendidos dentro del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias lamentaban ayer, no obstante, que el Gobierno regional no haya aprendido la lección y rectificado en la redacción del último documento.

Con la actuación de la Consejería de Desarrollo Rural, «el mensaje que los ciudadanos de esta parte de Asturias estamos recibiendo de la administración es que nos vayamos, que sobramos, que no nos quieren», apuntaba ayer José Pablo Vicente, presidente de la Asociación de Propietarios en Comunidad Romana (Asprocoro).

«El Principado nos trata como enemigos: viva el oso y muera el ganadero y todo el que quiera hacer algo por esta comarca», añadía. «Algo tendremos que decir los que vivimos aquí, conocemos esto y sabemos cómo va y lo que se necesita». Por eso creen que el Principado debería aprender que «ese no es el camino. Si hemos vuelto a ganar es porque lo que hace la consejería es ilegal».

Otras nueve sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, conocidas esta semana, se suman a la que ya en mayo anulaba el decreto por el que se aprobaba el IGI. Además de la falta de memoria económica que reconocía ese fallo, en estos nueve casos se admite además el argumento de los demandantes sobre la ausencia de un Plan de Desarrollo Sostenible adecuado en el que se recoja la planificación anual, con las actuaciones e inversiones a desarrollar; «incumpliendo con ello la propia ley de declaración de Parque Natural, aprobada en 2002», indicó ayer la abogada Pilar Martínez.

Martínez, junto a los letrados Florentino Quevedo y Manuel Paredes, continúan además trabajando en varios procedimientos ante el Tribunal Supremo (TS) para ejecutar las sentencias dictadas en 2013, que anulaban el decreto anterior, «porque consideramos que este segundo decreto es una desobediencia a las sentencias del Tribunal Supremo».