El Comercio

La CHC recurre la sentencia que le obliga a restaurar el valle de Gillón

  • Expone que no podrá reclamar luego a la empresa los costes de la ejecución subsidiaria que pide la Audiencia Nacional, dado que ya no existe

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) confirmaron ayer que el organismo ya recurrió el pasado 11 de octubre el fallo de la Audiencia Nacional que la obligaba, de forma subsidiaria, a restaurar los terrenos del valle de Gillón, en Cangas del Narcea, afectado por la actividad minera de la empresa Antracitas de Gillón.

De hecho, esta semana se hizo público que la Audiencia Nacional había estimado la petición de la Asociación de Vecinos y Amigos del Valle de Gillón-Fuentes del Narcea para que fuese ejecutada la sentencia que, en marzo de 2015, declaraba la obligación de la CHC de llevar a cabo la restauración medioambiental de los cauces afectados por el depósito de estériles y las escombreras.

En noviembre de 2013, la CHC ya sacó a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental para el acondicionamiento de la zona, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto cercano a los 200.000 euros. Un año después, el Ministerio de Medio Ambiente formulaba la declaración de impacto ambiental y rechazaba la actuación al entender que, «desde el punto de vista ambiental, la alternativa cero o de no actuación es la más favorable para conseguir los objetivos de restauración ambiental de las superficies afectadas por las escombreras».

En el auto conocido esta semana, la Audiencia advertía sin embargo que la postura de la Administración para no ejecutar la sentencia de 2015 «no es admisible» y que no se puede decir que lo mejor para el medio ambiente es no hacer nada, cuando la obligación de restauración se acordó por resolución ministerial en 2001, tras varias sanciones impuestas a la empresa.

La CHC basa el recurso al auto judicial en «las dificultades para realizar la ejecución subsidiaria», ya que el organismo tendría que hacerse cargo de la actuación exigiendo después el importe del coste a la empresa, en este caso Antracitas de Gillón, que a día de hoy ya no existe, por lo que no sería posible.

En la misma situación se encontró, de hecho, el Principado tras ejecutar otra sentencia relacionada con la misma empresa. El Gobierno regional fue condenado solidariamente junto con Antracitas de Gillón a indemnizar con 3,5 millones de euros a una veintena de propietarios del núcleo cangués por los daños en edificaciones por las extracciones mineras. Hace unos meses el Principado reconocía que no podría recuperar la mitad de la cantidad abonada, que correspondería a la empresa, dado que ésta entró en concurso de acreedores en 2012 y ya fue liquidada.