El Comercio

Industria aprueba el proyecto de alta tensión para la mina de oro de Boinás, en Belmonte

  • El Principado declara su utilidad pública y da 'luz verde' a la línea, tras ser desestimados los recursos de Tineo y Salas

La Consejería de Empleo e Industria ha publicado la resolución por la que se declara de utilidad pública y se aprueba el proyecto de alta tensión para el aumento de la potencia en el suministro de energía eléctrica a la mina de oro de Boinás, que explota la compañía Orovalle, en el concejo de Belmonte de Miranda.

El proceso se inició hace casi cinco años y, desde el primer momento, contó con la oposición de los ayuntamientos de Tineo y Salas, y de los vecinos de varios pueblos afectados, por considerar que el trazado pasaba demasiado cerca de zonas habitadas. En enero de 2014, la Consejería de Fomento dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, promovido por Hidrocantábrico y, en abril de ese mismo año, la Consejería de Economía concedió la autorización administrativa previa.

Contra esta última resolución presentaron sendos recursos contencioso-administrativos los consistorios de Salas y Tineo, que fueron desestimados en octubre de 2015 y abril de 2016, respectivamente. Ahora permiten la aprobación del proyecto, decisión contra la que de nuevo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses.

Con un presupuesto de 809.153 euros, el objetivo de la instalación es dar servicio a las instalaciones de Orovalle en Boinás, que requieren un aumento de potencia de 4.400 kW, para la que la actual red de distribución en alta tensión (20 KV) no tiene capacidad.

Tras analizar las instalaciones eléctricas de la zona, se concluyó que la única fuente capaz de suministrar la potencia solicitada, era la subestación de Salas, ubicada en Buspol. Desde allí partiría el trazado, que pasaría después por las localidades de El Faedal, Villabona y Las Colladas en Tineo, hasta las proximidades de la mina de oro de Boinás. En total se estima una longitud total de más de once kilómetros, de los que solo unos trescientos metros de cableado estarían bajo tierra, mientras que el resto tendría un tendido aéreo.

«Ajustada a derecho»

También presentaron alegaciones entidades como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, varias asociaciones de vecinos y particulares con terrenos afectados. Sin embargo, la Dirección General de Minería califica la solicitud de «ajustada a derecho» y no ve inconveniente en declarar su utilidad pública y aprobar el proyecto de alta tensión. La resolución recoge que «al no haberse realizado propuesta de variación del trazado, no se discute la idoneidad técnica de la instalación, no pudiendo estimar las alegaciones que señalan de forma genérica la existencia de vicios determinantes de nulidad sin citar ni acreditar».