El Comercio

PP y Uras piden al gobierno valdesano que recorte las tasas e impuestos locales

  • Los ediles creen que la nueva ordenanza que regulará la plaza de Abastos está incompleta, dado que no recoge los plazos de concesión

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valdés han mostrado su oposición a la congelación de tasas e impuestos que pretende aprobar el equipo de gobierno valdesano en el próximo pleno.

Desde el PP afirman que los impuestos «deberían bajarse», asegura su portavoz, Carlos Adaucto Iglesias, que se mostró muy crítico con esta situación. «Vemos una despreocupación absoluta del gobierno», apunta Iglesias que señala que un descenso de las tasas sería «una forma de ayudar a los vecinos».

El portavoz de Uras, Balbino Suárez Cortina, por su parte, destacó que ahora las arcas municipales «están en condiciones de bajar los impuestos» y que, a su juicio, «la gente ya no puede más». Cortina cree que en el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica «pagamos más que muchos municipios». Por eso propone reducir este impuesto para hacer más atractivo el concejo y «favorecer que haya más coches». Los ediles no adscritos no han querido manifestar su postura hasta la celebración del pleno, el próximo jueves, aunque «congelar las tasas nos parece bien», apuntaba el edil José Modesto Vallejo, exalcalde con Foro Asturias.

La comisión informativa ya anunció que el gobierno local llevará a pleno la nueva normativa de la plaza de Abastos de Luarca, que permitirá sacar a concurso los once puestos existentes, para que entre en funcionamiento en enero próximo, tal y como anunció el pasado lunes en EL COMERCIO, el actual regidor, el socialista Simón Guardado.

Para el PP, la nueva normativa genera muchas dudas al «no concretar el plazo de concesión de los puestos», según Carlos Adaucto, que tampoco ve con buenos ojos que se pueda adjudicar dos puestos a una misma persona porque «se podrían generar once puestos de trabajo y de esta manera quedarían en cinco». Los ediles no adscritos, al igual que la Uras, ven la normativa «demasiado técnica y con mucho papeleo», lo que podría dificultar la instalación de nuevos emprendedores.