El alcalde de Barcia estudia anular el precontrato de la mina

Ricardo García Parrondo. /  D. S. F.
Ricardo García Parrondo. / D. S. F.

Podemos cree que García Parrondo puede prevaricar por su doble condición de regidor de la parroquia y concejal de Obras de Valdés

DAVID S. FUENTE OVIEDO.

El concejal de Obras de Valdés y alcalde-presidente de la parroquia rural de Barcia, Ricardo García Parrondo, acudió ayer a la Comisión de Industria de la Junta General del Principado (JGPA), a petición del grupo parlamentario de Podemos, para informar sobre la tramitación del proyecto de cantera de áridos en Barcia. Durante la comparecencia, García Parrondo dejó claro que en la actualidad el proyecto minero «es de muy difícil ejecución». Por ello, desde la entidad local menor estudian la posibilidad de romper el precontrato alcanzado con la minera, teniendo en cuenta la cláusula número 10, en la que se recoge que «cualquiera de las partes podrá romper el precontrato si no hay avance administrativo». Para ello, deberán esperar a cumplir un año desde que la empresa presentó ante la Dirección General de Minería la solicitud para la autorización pertinente. Un procedimiento avalado por un informe jurídico que podría llevase acabo «en los próximos meses», según dijo el regidor, quien no concretó plazos.

El diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, acusó al concejal de «querer sacar adelante la mina a toda costa» y se dirigió a él como «agente de la empresa minera», justificando que «tal y como firmó en el precontrato» la parroquia rural se comprometía a «obtener de la Administración las autorizaciones necesarias».

El parlamentario preguntó también si la extracción minera era de arcillas blancas o de caolín, situación que modificaría la tramitación, ya que la explotación de caolín «requiere una tramitación diferente», dijo Fernández Vilanova.

Los reproches entre ambos fueron continuos durante la hora y media que duró la comparecencia. El diputado aseguró que existe «conflicto de interés». Y es que la doble condición de concejal y alcalde de la parroquia rural, a juicio de Podemos, «puede ser constitutivo de prevaricación, si el edil participa en el cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya que sería un beneficio para una parte del concejo, donde usted se encuentra». García Parrondo explicó que su interés «es como vecino», ya que la empresa minera proporcionaría al presupuesto anual de la parroquia medio millón de euros, una cantidad muy superior a los 78.000 euros con los que el próximo año trabajará esta entidad. García Parrondo dejó claro que no se modificará el PGOU salvo petición vecinal.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos