La piqueta amenaza de nuevo el Cine Goya de Luarca

El consistorio valdesano tiene dos opciones: acatar el fallo e iniciar la transformación o demolición o alegar ante el Tribunal Supremo | Rechazado el recurso municipal que alegaba problemas técnicos para adaptar su altura a los inmuebles colindantes

BELÉN G. HIDALGOLUARCA.

Las obras en el cine Goya han sido un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Valdés desde el inicio. El objetivo era su rehabilitación para convertir el cine Goya de Luarca en un Centro de Artes Escénicas y Museo del Cine. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los vecinos de la vivienda colindante denunciaron en 2012 que el proyecto no cumplía con la normativa urbanística al no respetar la altura máxima uno de los aleros. Sucesivas sentencias obligaban al consistorio a «restablecer la legalidad», adaptando las obras a la legislación correspondiente. Esto suponía que el Ayuntamiento tendría que derribar las plantas segunda y tercera porque ambas superarían la altura y edificabilidad máxima admisible.

El procedimiento judicial continuó. En 2014, el concejal de Obras, Balbino Suárez, aseguraba a EL COMERCIO que «todos los trámites de la modificación del Plan General de Ordenación estaban bien hechos», aunque señalaba que hubo un retraso, «porque durante el mandato de Foro en el municipio no se remitió la documentación solicitada». Insistía en que no había una orden de derribo y que «la sentencia recoge que habría que adaptar el edificio a las medidas de los inmuebles colindantes, en cuanto a la altura de uno de los aleros y poco más».

En 2017, el Ayuntamiento interpuso un recurso de apelación que ahora desestima el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El gobierno local alegaba la imposibilidad material de ejecutar las obras ordenadas en el auto del 6 de mayo de 2016.

No obstante, según se explica ahora en la sentencia, en el informe presentado por el arquitecto municipal, que es la base de la alegación, no se justifica la supuesta imposibilidad material en las dificultades técnicas de las obras «que hay que realizar o en los riesgos para terceros, «ni tan siquiera en el hecho de que el inmueble resultante, una vez ejecutadas las obras de demolición, exija para su puesta en funcionamiento un nuevo proyecto básico y de ejecución». En definitiva, el tribunal considera que no existe impedimento alguno para que se proceda a la adaptación de las obras en el edificio según recoge la legislación urbanística.

De acuerdo con esta sentencia, el Ayuntamiento tendría dos opciones: acatar el fallo y, como consecuencia, adaptar las obras a la legalidad; o bien, interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En caso de recurrir, dispondría de treinta días para ello. El alcalde, Simón Guardado, no ha querido hacer declaraciones hasta reunirse con los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

El portavoz de los concejales no adscritos, José Modesto Vallejo, asegura que la sentencia era «esperable». Recuerda que las obras, cuyo presupuesto ronda los dos millones de euros, «se realizaron saltándose las leyes de urbanización a la torera y hay una sentencia que cumplir», lamenta. Considera que no acatar la sentencia y recurrir «es alargar la agonía. Nadie desea la demolición, evidentemente, pero recurrir es perder el tiempo», concluyó.

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