Una odisea judicial de ocho años

Agentes sacando documentacion de sede de Igrafo.
Agentes sacando documentacion de sede de Igrafo. / MARIO ROJAS

El caso se inició a raíz de la inspección de la Agencia Tributaria hizo a una gijonesa

PALOMA LAMADRID GIJÓN.

El 24 de enero de 2011 era un lunes cualquiera para José Luis Iglesias Riopedre. A las 12.45 horas, sonó el timbre de su domicilio. Cuatro policías se presentaron en su puerta para detenerle. El ya entonces exconsejero de Educación fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de forma apresurada. Tanto que ni siquiera pudo llevarse los medicamentos que necesitaba para tratar su diabetes. Fue el arresto más sonado, pero no el único de los que se produjeron ese día.

En poco más de una hora, los agentes detuvieron a la alta funcionaria Marta Renedo, a la que fuera directora general María Jesús Otero y a los entonces gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Un rosario de arrestos que logró materializarse gracias a una intensa labor policial que comenzó en febrero de 2010, casi un año después de que María Teresa Porrúa interpusiera una denuncia porque alguien había usurpado la identidad de su madre para abrir una cuenta bancaria. Ocho meses después, la gijonesa Azucena V. presentó otra denuncia por hechos similares, aunque, en este caso, la afectada era ella misma. Dos semanas más tarde, Ana Rosa Migoya, entonces consejera de Administraciones Públicas, cesaba a Renedo.

Después de la redada que se saldó con cinco detenidos, Riopedre, Otero y Renedo ingresaron en prisión; mientras que los empresarios quedaron en libertad bajo fianza. El exconsejero abandonó el penal asturiano tras 42 días y el pago de 100.000 euros en concepto de fianza. Otero permaneció 176 días y tuvo que depositar el doble que su exjefe. La que más tiempo estuvo entre rejas fue Renedo: 224 días en total. Y la que tuvo que abonar una mayor cantidad: 378.483 euros.

Secreto de sumario

En abril de 2011, entra en juego un personaje clave en todo el proceso. La Audiencia Provincial ordena que el caso se instruya desde un juzgado de Oviedo en lugar de desde Gijón. En concreto, el de Instrucción número 2, cuyo titular era Ángel Sorando. Un juez al que se le atragantó la trama y que, incluso, llegó a pedir abandonar el caso tras ser sancionado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por unas declaraciones públicas realizadas sobre por qué había dictado el secreto de sumario que impedía el acceso al mismo al ministerio fiscal, secreto que unas semanas después levantó. En julio de 2013, todos los partidos con representación en la Junta General del Principado aprobaron un informe en el que se reprobaba a ocho altos cargos, incluido el expresidente autonómico Vicente Álvarez Areces.

Tras una odisea judicial, que desencadenó duras críticas hacia Sorando, el juez dictó el auto que declaraba concluso el sumario en noviembre de 2013. Concretamente, dos años y medio después de recibir el caso, que llegó a aglutinar a más de cuarenta investigados. Por fin, el 4 de abril de 2016, daba comienzo el juicio en la Audiencia Provincial. Un total de trece procesados se enfrentaban a condenas que sumaban 57 años de prisión. Ayer se conoció el desenlace, al menos temporal, del 'caso Renedo'. La mayoría de las defensas ya anunció su intención de recurrir el fallo.

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