La opción más rápida para recuperar los fondos depende ahora del Tribunal de Cuentas

La opción más rápida para recuperar los fondos depende ahora del Tribunal de Cuentas

Genero Alonso admite que «no es posible» aún poner cifra al fraude. Podemos ofrece al Gobierno votar una ley si piden «juntos» encarcelar a Riopedre

R. MUÑIZ OVIEDO.

Cuando se destapa una corrupción, ¿qué es lo urgente? ¿Que los culpables entren en la cárcel o recuperar el dinero? El 'caso Renedo' ha necesitado siete años y siete meses para encontrar una condena que, si bien precisa las penas de prisión, reconoce que por ahora es imposible cuantificar el daño causado al erario público, por lo que opta por aplazar la discusión sobre las devoluciones. Se resolverá, concretamente, «en la fase de ejecución de sentencia», que llegará solo después de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos. Es decir, que en la vía penal habrá que aguardar alrededor de dos años antes de que reintegrar el primer euro.

Las opciones más inmediatas para ese resarcimiento pasan por otra jurisdicción, la del Tribunal de Cuentas. La comisión de investigación parlamentaria celebrada en 2013 detectó una serie de contratos irregulares y concluyó con un dictamen que pedía al Principado que los remitiera a la jurisdicción contable. El Gobierno de Javier Fernández se opuso a ello aduciendo que el informe de uno de sus funcionarios argumentaba que, para ir al Tribunal de Cuentas, primero hacía falta disponer de una sentencia en vía penal.

El presidente de aquella comisión y entonces diputado de UPyD, Ignacio Prendes, rechazó dicho razonamiento y llevó él mismo los papeles a Madrid. Aquella gestión derivó en una serie de procedimientos que el Tribunal de Cuentas sigue contra José Luis Iglesias Riopedre, Marta Renedo y la funcionaria C. S. El que atañe a ésta trabajadora pública y al exconsejero se encuentra pendiente de sentencia. Si se impone la pretensión de la fiscalía y el Principado, los acusados serán condenados a devolver a las arcas públicas unos 210.250 euros.

Contra Renedo «tenemos ocho expedientes, por valor de 2,57 millones», recordó ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. En realidad la última hora es que el Tribunal de Cuentas acordó fusionar en un solo procedimiento esos expedientes, señalando el 19 de octubre como fecha para el juicio.

La sentencia de la Audiencia, y el perjuicio causado a la hacienda pública protagonizaron ayer el pleno de la Junta General. Martínez recordó que el Principado espera las decisiones del Tribunal de Cuentas, y que un informe realizado en 2015 cifrando en cuatro millones el fraude en Educación durante un curso y medio está en fase de investigación.

Apoyo a cambio de la prisión

Daniel Ripa, de Podemos, consideró que si la sentencia de la Audiencia no especifica el dinero a devolver es por la demora en hacer ese informe de daños. «Si por mi labor el Principado tardase años en recuperar 4,1 millones me sentiría avergonzado», dijo el diputado. «Tienen dos semanas para rectificar y ayudarnos a presionar para que Riopedre, Otero y los empresarios entren en la cárcel; tenemos la posibilidad de aprobar una ley anticorrupción en estas dos semanas, podemos hacerlo conjuntamente», propuso Ripa.

Interpelado por el PP, el consejero de Educación, Genaro Alonso, consideró que «aventurar ahora una cifra» del dinero defraudado en su departamento «sería imprudente y contrario al respeto a las decisiones judiciales». También tachó de «demagógico» y de «una simplicidad bastante cuestionable» vincular los fondos perdidos con los recortes ejecutados. Los populares reclamaron que, en lugar de los consejeros, sea el presidente del Principado, Javier Fernández, quien «de explicaciones y pida disculpas».

Fotos

Vídeos