La oposición denuncia que el 'caso Renedo' «se puede repetir» por los fallos en los controles

María Jesús Otero, el ex alto cargo del Gobierno con la mayor condena del caso, sale del Parlamento tras negarse a declarar en la comisión de investigación, en febrero de 2013. /MARIO ROJAS
María Jesús Otero, el ex alto cargo del Gobierno con la mayor condena del caso, sale del Parlamento tras negarse a declarar en la comisión de investigación, en febrero de 2013. / MARIO ROJAS

Urge al Gobierno a que desbloquee las mejoras anunciadas. Solo Madrid y Cantabria siguen, como Asturias, sin normativa de transparencia propia

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Han pasado siete años y siete meses desde que Azucena V. puso la denuncia que inició la investigación del 'caso Renedo'. La Audiencia Provincial desveló el viernes su veredicto y este jueves dará a conocer la sentencia íntegra. El tiempo transcurrido es excesivo y jueces y fiscales están de acuerdo en que deberán revisar el proceso para identificar cómo se pueden ahorrar plazos la próxima vez. Con todo, el sistema judicial ha sido más rápido que el político.

La oposición en pleno considera que la trama de corrupción «puede volver a darse» porque los controles no se han terminado de reforzar como debieran. El objetivo común del Parlamento y el Gobierno regional, para el periodo de sesiones que hoy comienza, es el de desbloquear los diferentes proyectos legislativos propuestos para ello y lograr su aprobación que antes de que termine el año.

Cierto es que el Principado funciona de forma distinta al que cobijó la trama de corrupción. Durante año y medio Marta Renedo pudo sacar adelante 38 contratos menores a favor de su propia empresa, Impans Mounts, sin que saltaran las alarmas. El Gobierno regional se negaba entonces a publicitar los contratos menores que celebraba y hoy cada tres meses informa en su web de los que pasan de 5.000 euros. En los últimos tiempos, además, ha desarrollado una aplicación informática que detalla todas las adjudicaciones que se están concediendo a cada mercantil, algo que, de haberse activado antes, habría permitido conocer mejor la acumulación de encargos que lograban Igrafo y APSA.

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Con todo, hay deberes pendientes. En 2013 España dejó de ser uno de los pocos países de la UE huérfano de una Ley de Transparencia. La norma obliga a quienes gestionan fondos públicos a divulgar en su web una serie de datos y regula el derecho de los ciudadanos a dirigirles sus consultas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy sacó adelante esa legislación básica pero luego las comunidades han tratado de ir más allá, con normas que ponen luz sobre asuntos públicos que la ley estatal permite mantener en la opacidad.

Según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, solo tres comunidades siguen sin una normativa propia en la materia: Cantabria, Madrid y Asturias. El Gobierno vasco no logró sacar adelante la suya, pero dispone al menos de otra legislación más amplia que regula la materia.

El Principado es un caso único, pues su carencia contrasta con la abundancia de proyectos. La legislatura pasada el Parlamento ya trató sin éxito de aprobar una normativa al respecto y en este suma cuatro iniciativas tramitadas sin aprobar ninguna: la ley de Transparencia y Buen Gobierno (propuesta por el Ejecutivo de Javier Fernández), la Ley de Cuentas Abiertas y la de la Oficina Anticorrupción (por Podemos) y la reforma de la Inspección General de Servicios (desde Ciudadanos).

«La principal responsabilidad de que estas medidas no salgan adelante es del Gobierno, pero hay que ponerse las pilas y tener aprobadas antes de que acaben el periodo de sesiones tanto la de Transparencia como la de la Inspección», insta Gaspar Llamazares, desde IU.

«Es una falsedad decir que los controles se han reforzado; tenemos en los juzgados casos de empresas públicas que demuestran que todavía fallan», aprecia José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP. «La dejadez del Gobierno es la responsable de que hayan mareado la perdiz durante ocho años con la Ley de Transparencia», indica el popular.

Burocracia trabada

«Hay una inflación de términos relacionados con la transparencia, de la que se habla mucho, pero la realidad ahora es justo la contraria», lamenta Emilio León, portavoz de Podemos. «La toma de decisiones se ha burocratizado y bajo la excusa de que no volvamos a tener un caso como este cuesta mucho más que la administración compre un 'boli', mientras que sin embargo quien quiere puentear los controles sigue teniendo vía libre», agrega. La formación cuestiona también el anuncio del Principado de que reclamará al menos cinco millones a los condenados. «Es que el coste de esto es de al menos quince, la mitad de los fondos recortados en Educación», estima León.

La realidad, seis años y medio después de la detención del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, es que los controles «no han mejorado, la arbitrariedad y la discrecionalidad en las adjudicaciones es una anomalía típica del PSOE astur», recrimina Cristina Coto, presidenta de Foro. Esta formación lamenta que el Ejecutivo de Javier Fernández «lleve con la Ley de Transparencia paralizada cinco años», y anuncia para los próximos días «enmiendas muy ambiciosas» para reforzar la Inspección General de Servicios del Principado.

Quedan lecciones por aprender. «Cuando se emite una factura, deberíamos ser capaces de conocer de forma directa si la empresa realmente existe y el bien se entrega; somos una región cercana como para que eso se pueda comprobar, y no se hace en todos los casos», advierte el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García.

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