La oposición exige al Principado que «pague ya» la deuda a las familias de usuarios del ERA

Una de las protestas celebradas por los afectados para reclamar soluciones.
Una de las protestas celebradas por los afectados para reclamar soluciones. / MARIO ROJAS

Podemos rechaza que solo se deban seis millones: «Eso es una media de 1.900 euros por caso, cuando sabemos que llega a 30.000»

CHELO TUYA GIJÓN.

«Que pague ya». Eso es lo que, de forma unánime, la oposición en la Junta General le dice al Ejecutivo autonómico. El que hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno, aprobará el decreto que permitirá revisar todas las facturas cobradas de forma errónea a los usuarios de la red geriátrica pública desde 2007, cuando entró en vigor la Ley de la Dependencia, hasta 2015, cuando, teóricamente, se ajustó el copago. A los que residían en una plaza de las gestionadas por Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y que no se les computó adecuadamente la ayuda que con cargo a dicha ley tenían concedida.

El «que pague ya» lo dijeron ayer los portavoces de Podemos, IU, Foro y Ciudadanos en el Parlamento asturiano, que esperan de este decreto «agilidad» en la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Unas cantidades que la consejera de Servicios y Derechos Sociales fijó en casi seis millones de deudas, una cifra que discute Podemos. «A priori, la cuantía de la que habla nos parece insuficiente. Con esa cifra, no se llegaría ni a los 1.900 euros por expediente, cuando las cifras reclamadas por los usuarios arroja una media de 30.000 euros», asegura la portavoz Rosa Espiño.

Una posición la de Podemos que coincide con la de la Plataforma de Afectados por el ERA. La que aglutina a más de 300 familias con facturas de hasta 91.000 euros. No solo discuten ellos el coste total de la devolución, sino que lamentan la tardanza en hacerlo y que no se incluyan las pérdidas de familias que, para pagar el coste reclamado por el ERA, renunciaron a herencias o vendieron propiedades.

El Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto que revisará todas las facturas erróneas

«El decreto, diez años después, evidencia una estafa sin parangón y no resuelve muchas incógnitas como qué expedientes no se van a revisar y qué soluciones se les aportará a las personas afectadas», dice Espiño. En esa línea, la portavoz de Ciudadanos, Diana Sánchez, pone el acento en que «no sabemos si va a actuar de oficio para devolver las cantidades pagadas indebidamente o si tienen aquellos que han pagado que solicitar la devolución».

Sánchez recuerda que, aunque hoy lo firme el Consejo de Gobierno, «el decreto no saldrá publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) hasta septiembre», para cumplir una moción «que se aprobó hace más de un año ante el giro de liquidaciones incorrectas realizadas por el Principado».

Por ese motivo, reclama que «a partir de ahora devuelvan lo cobrado de más», además de insistir en que «hay que dar a conocer a los usuarios trimestralmente la liquidación». Petición que aplaude Rosa Espiño. «Desde la primera interpelación en la Junta llevamos insistiendo sobre la correcta comunicación e información a los afectados».

Comisión de investigación

Lo que no aclaran los grupos aún es si apoyarán la comisión de investigación pedida por el Partido Popular. Una comisión solicitada, meses atrás, por Podemos, pero que debido a la falta de diputados suficientes, el mínimo es un quinto de la Cámara, no pudo sacar adelante.

Con el reinicio del curso político en la Junta, en septiembre, la propuesta del PP será debatida. Sin precisar su posición en ese momento, Podemos sí insiste en que «el Principado debe explicar dónde ha ido a parar el dinero de la Ley de la Dependencia en ese periodo».

También reclama la portavoz de Podemos «el cálculo individualizado de las cuantías adeudadas», algo que la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ya confirmó anteayer: «La capacidad económica sirve para calcular el copago. El de cada usuario es personal».

Mientras IU prefiere esperar «a que se publique el decreto, para ver si no hay modificaciones en el Consejo de Gobierno», tal y como explicó la diputada Marta Pulgar, desde Foro se deja claro que «era público y notorio que a muchos residentes del ERA se les habían practicado las liquidaciones conforme a los precios del contrato de hospedaje, sin tener en consideración la Ley de Dependencia, girando cuantías muy superiores a las que le correspondían», sentenció Pedro Leal.

El portavoz de Foro considera que en el decreto «se corrigen los errores en las liquidaciones», una medida, recuerda, «muy esperada y en línea con lo dijimos en la Junta en 2016». Mientras espera a «estudiar» el texto cuando salga publicado, sí confía en que «sirva para dar una solución satisfactoria a las familias afectadas y que comprendan al máximo posible la distinta casuística que se ha generado».

Un momento que, entiende desde Ciudadanos Diana Sánchez, sirve «para pedir tanto al Principado como al Ejecutivo central más financiación para la Ley de la Dependencia».

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